El Gobierno de El Salvador abrió ayer por la tarde una puerta a la esperanza para Beatriz, la joven salvadoreña cuyo embarazo de un feto inviable pone en grave riesgo su vida.
A pesar de la denegación de amparo del Constitucional salvadoreño, al que la mujer había recurrido para que se le permitiera abortar —una práctica prohibida en ese país—, el Ministerio de Salud cree que existen vías legales para que los médicos puedan intervenirla. “Vamos a preservar la vida de esta mujer a como dé lugar”, afirmó ayer la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, a EL PAÍS. Rodríguez explicó que el Constitucional deniega la petición de aborto por considerarlo contrario a su Carta Magna; pero que en el caso de que la salud de la mujer empeore y debido a que está ya en la semana 25 de gestación se le podría inducir un parto. “No estamos trabajando para la destrucción del feto, pero sus condiciones se han demostrado incompatibles con la vida”, incidió.
Beatriz, de 22 años, padece lupus eritematoso discoide e insuficiencia renal grave, patologías que se agravan con el embarazo cada día que pasa. Además, el hijo que espera tiene anencefalia —falta de parte del cerebro— y su pronóstico es, según el comité médico que estudia el caso, nefasto. Sobrevivirá, si lo hace, como máximo unos días; y no sin sufrimiento. Razones por las cuales los facultativos que la atienden en el Hospital de San Salvador donde está hospitalizada aconsejaron que no continuara la gestación.
No obstante, el Constitucional salvadoreño, que escuchó en una vista oral a varios expertos en medicina legal, a la propia mujer y a los médicos que la atienden, considera que la salud de Beatriz no corre un riesgo inminente. Afirman que está “estable” y dictaminan que debe ser monitorizada y atendida convenientemente; y que en el caso de que se diese alguna complicación los médicos podrían realizar “las actuaciones que correspondieran desde el punto de vista médico”.
Y es precisamente a esa rendija a la que aluden las autoridades sanitarias del país. “Hemos analizado el fallo del Constitucional y creemos que nos da la capacidad de actuar, y sin contravenir la Constitución. La corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y los medios disponibles para ello”, argumenta la ministra de Sanidad. “Eso significa que deja todo en manos de las autoridades de salud y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la actuación de los médicos, considero que si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias legales”, argumentó. “Nosotros no vamos a dejar de atenderla y ante el primer síntoma de que se extrema su gravedad el equipo médico lo hará inmediatamente”, apuntó.
Fuentes médicas del hospital que atiende a Beatriz, sin embargo, explican que a pesar de la histórica resolución de la OEA y del apoyo del Gobierno los facultativos aún no se sienten seguros del todo para actuar. En su fallo, notificado el miércoles por la noche, el Constitucional salvadoreño avisa: “Los médicos deben asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión; de allí que a ellos les corresponde estrictamente decidir los procedimientos y el momento de actuar, tomando en cuenta el referido mandato constitucional que garantiza la vida de la madre y del producto de la concepción”. “Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus [el no nacido] ni viceversa”, dice la resolución del Constitucional salvadoreño, que ha salido adelante por tres votos frente a uno (otro magistrado se abstuvo).
En El Salvador la interrupción del embarazo está prohibida en cualquier circunstancia y se castiga con hasta 50 años de cárcel para las mujeres que se someten a ella —porque son procesadas por homicidio agravado— y con 12 años para los médicos que la realizan. Y eso supone todavía una inquietud para los médicos, muy presionados también por el debate social. Las organizaciones antiabortistas y la Conferencia Episcopal de El Salvador se han mostrado radicalmente en contra de cualquier intervención que implique poner fin al embarazo de Beatriz y han mantenido desde hace semanas un duro discurso contra cualquiera que la asista.
Mientras sus abogados y las autoridades salvadoreñas tratan de poner en marcha todas las opciones para que Beatriz pueda poner fin a la gestación, la mujer, madre de un hijo de 18 meses, está en vilo. Lleva casi dos meses hospitalizada en un centro de San Salvador (la capital del país) esperando que se le permita interrumpir un embarazo que ya sabe inútil. “Me siento mal con todo lo que está pasando, porque no quieren hacerlo [la intervención] sabiendo que el niño no va a vivir al nacer”, explicaba hace unos días en un vídeo, en el que rogaba a las autoridades que le permitieran abortar. “Pido al presidente, a Mauricio Funes, que me ayude para que la sala del Constitucional acepte interrumpir el embarazo”, imploraba.
“Beatriz necesita vivir. Quiere vivir por su otro hijo. Necesita que las autoridades le den una respuesta”, reclama Morena Herrera, portavoz de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico en El Salvador. Esta organización ha acompañado a la joven desde que llegó desde su pueblo al hospital de la capital, y le ha facilitado asistencia legal. “Se la ha hecho sufrir demasiado tiempo. Cada día que pasa puede causar daños irreparables en su salud y las secuelas que puedan quedarle son importantes”, ha apuntado Herrera, que ve ahora “una ventana de luz” en la situación de la joven.
El caso de Beatriz ha suscitado una gran movilización internacional. A las campañas de organizaciones de mujeres y por los derechos civiles de El Salvador, como la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, se han sumado otras internacionales como Católicas por el Derecho a Decidir, Ipas, el influyente Center for Reproductive Rightso Catholics for Choice. Amnistía Internacional, que inició una campaña de apoyo hace algunas semanas, ha recogido 82.000 firmas para pedir al Gobierno de Mauricio Funes que encuentre la vía para salvar la vida de la mujer.
También las redes diplomáticas se han movilizado. Una delegación de parlamentarios socialistas que visitaron el país centroamericano hace unos días pidió a las autoridades amparo para Beatriz y ayer, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, se reunió con el embajador en funciones de El Salvador en España. El diplomático le reiteró que, con la resolución del Constitucional, la vía legal está agotada. Quedaba entonces la política. La que tomó el Gobierno de Funes horas más tarde.
Pero además de la opción del parto inducido que apoyan las autoridades sanitarias, la defensa de Beatriz maneja otra salida por si las cosas se torcieran: que la mujer viaje para someterse a la intervención en otro país que lo permita legalmente. En España, la plataforma Decidir nos hace Libres solicitó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que conceda asilo a la mujer para que pueda practicarse la intervención. Además, el Grupo Dator se ha ofrecido para costear el viaje de Beatriz y un acompañante a Madrid, así como la intervención. En España, la interrupción del embarazo en situaciones de anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida, como es el caso de la salvadoreña, está permitida.
Sin embargo, esta no es la opción idónea. “Beatriz podría ser acusada de colaboración en delito y se expondría a una pena de hasta dos años de cárcel”, aclaró la socialista Valenciano tras la reunión con el embajador. Además, a las 25 semana
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