Kirchner festeja el retiro de la demanda de Gas Natural Ban ante el CIADI

La empresa Gas Natural SDG de España, accionista mayoritaria y controlante de la segunda mayor distribuidora de gas en la Argentina, Gas Natural BAN, informó al gobierno del presidente Néstor Kirchner que había tomado la "firme decisión" de retirar su reclamo ante tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) y manifestó su plena confianza en la posibilidad de negociar un acuerdo con las autoridades locales. Gas Natural SDG de España, accionista mayoritaria y controlante de Gas Natural BAN en la Argentina ha retirado hoy lunes su demanda contra el gobierno argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial. Voceros de Gas Natural BAN Argentina concretaron su retiro y declararon que mantienen "plena confianza" en que la empresa "arribe en breve a un acuerdo justo y razonable de renegociación de su contrato".

Gas Natural SDG indicó que mantiene "tanto su confianza en la República Argentina, como su voluntad de permanencia a largo plazo y su compromiso contínuo de trabajar por el desarrollo de la industria del gas en el país". Gas Natural BAN, distribuidora de gas por redes opera en 30 partidos del noroeste de la provincia de Buenos Aires, suministrando el fluído a 1.200.000 clientes.En 1992, Gas Natural BAN, que actualmente provee el 19,5% del total del fluido para el mercado residencial y comercial del país, comenzó la operación de distribución en el noroeste bonaerense por un plazo de 35 años. La empresa anunció inversiones propias por US$ 386,6 millones.Luego de la devaluación y de la pesificación de las tarifas, y la suspensión de ajustes tarifarios Gas Natural SDG reclamó la intervención del CIADI en marzo de 2003, por la alteración de las reglas contractuales y el presunto perjuicio económico derivado. El 10 de noviembre de 2003 quedó constituido en París el tribunal que entendería en el caso. Meses después el gobierno argentino constituyó la UNIREN, organismo integrado por funcionarios designados por los ministerios de Economía y de Planificación Federal, con el objetivo de reformular los contratos, adaptándolos a las nuevas condiciones económico-sociales del país.En la actualidad, las presentaciones realizadas contra el Estado argentino por diversas empresas prestadoras de servicios públicos privatizados representan US$ 17.000 millones.