Perturbadora iniciativa contra los puertos

En su columna de opinión el diario El Comercio se ocupa de este tema:

Es inexplicable que, en medio de las asperezas por las que lamentablemente transitan nuestras relaciones con Chile y cuando el Perú necesita modernizar sus puertos, algunos congresistas de la Comisión de Transportes insistan en proyectos tan descaminados como el que pretende prohibir inversiones de Chile, Ecuador y Colombia en las concesiones de los puertos peruanos. Iniciativas como esta, como bien ha afirmado el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor (PAP), colisionan con el ordenamiento constitucional, pues son claramente discriminatorias. Es más, solo añaden elementos perturbadores a una realidad que, por el contrario, reclama señales de cordura y sentido común para poner las cosas en su nivel. Y, adicionalmente, según ha explicado el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, los efectos de la medida solo serían simbólicos pues, en el mundo globalizado de hoy, los principales operadores portuarios son europeos o asiáticos. Por todo ello, no se entiende las motivaciones de los propulsores de la iniciativa, salvo que quieran aferrarse a revivir prejuicios ultranacionalistas por un mero afán de ganar votos. Hay que poner freno a esta negativa tendencia que también pretendería mantener las gollerías y las deficiencias que ocasiona la administración estatal de los puertos y constituye un pesado lastre para nuestro desarrollo, especialmente en proyectos tan promisorios como el TLC. Es, por ejemplo, escandaloso que el embarque en el Callao cueste mucho más que en puertos de países vecinos. Como ya lo hemos reiterado previamente, si se quiere cautelar el interés nacional, lo idóneo es promover la competencia a través de un marco legal transparente y adecuado. Este pudiese incluir instrumentos legítimos, como las acciones doradas del Estado que ya se aplicaron en otros procesos de concesión, para que el Estado Peruano pueda vetar aquellas decisiones empresariales perjudiciales para el interés nacional. El Congreso de la República no puede marchar en sentido contrario del desarrollo nacional, porque la ciudadanía espera que se deseche el proyecto regresivo en mención, que aleja las inversiones en lugar de promoverlas.