La falta de gas

El diario La Nación de Buenos Aires se ocupa de esta tema en su editorial del día de hoy, y nos da luces de lo que puede ocurrir con los envíos de gas a Chile.

La llegada del invierno ha puesto en evidencia la crítica situación del abastecimiento de gas en nuestro país. La escasez de gas tiene un alto costo económico y aunque se hayan congelado las tarifas domiciliarias y se respete el suministro residencial, también tiene un costo social. La pérdida de horas trabajadas afecta a los trabajadores y el encarecimiento de la producción puede trasladarse a los precios y reducir el nivel de vida. En los días fríos ya no se puede evitar el corte del suministro a las estaciones de gas natural comprimido (GNC) y a una proporción significativa de la industria, usinas y otros grandes consumidores que tienen contratos interrumpibles. En los casos en que no es posible emplear combustibles alternativos se producen detenciones de fábricas con la consecuente pérdida de producción. Y aun cuando se puedan emplear otros combustibles líquidos o sólidos, ello ocasiona mayores costos e inconvenientes operativos y ambientales. La crisis del gas tiene también como consecuencia la reducción de la exportación de ese fluido a Chile. El gobierno argentino ha limitado las ventas a ese país invocando el principio consagrado en las leyes 17.319, de hidrocarburos y 24.076, de gas, que establecen como condición para autorizar exportaciones que el mercado interno esté adecuadamente abastecido. Ha sido por ello que las ventas de gas a Chile han descendido y en ciertos días lo han hecho dramáticamente, lo cual ha provocado daños considerables a su industria y afectado el consumo residencial. El gobierno chileno y los compradores del gas entienden que los compromisos suscriptos no contemplaban que se pudiera ejercer tal poder de regulación sobre las empresas proveedoras de la Argentina. De hecho, compañías de ese país hicieron grandes inversiones para el transporte y la distribución de gas, que seguramente no se hubieran realizado ni podido financiar si de la interpretación de los contratos se hubiera desprendido que el suministro de gas estaba subordinado a cualquier otra demanda del mercado interno argentino. La liberación gradual de los precios del gas contratado por grandes consumidores, para establecer el precio en boca de pozo, no podrá resolver ni eficiente ni equilibradamente el efecto negativo del congelamiento de tarifas de los distribuidores y transportistas. La experiencia ha indicado sobradamente que un mismo bien no puede tener precios muy diferentes en un mismo mercado, por efecto de regulaciones que discriminen según quien sea el que lo adquiera. Mientras no se normalice esta situación y continúen congeladas las tarifas en los grandes segmentos del transporte y uso del gas, los precios para el productor seguirán afectados. En moneda constante, el precio del gas en boca de pozo se ha reducido en más de un 40% desde fines de 2001. Por falta de inversiones en exploración y desarrollo, las reservas han disminuido un 21% y la capacidad de transporte tampoco ha crecido de acuerdo con las necesidades. La fuerte reducción real de las tarifas ha impulsado el consumo de gas, aumentando la brecha entre oferta y demanda, una situación típica y previsible cuando se controlan artificialmente los precios. El Gobierno, por medio de la Unidad Renegociadora y de Análisis de Contratos (Uniren), lleva adelante una demorada negociación, con el objetivo de que no haya cambios en las tarifas residenciales hasta después de las elecciones legislativas de octubre próximo. La intervención parlamentaria y los procedimientos de audiencias contribuyen a demorar la instrumentación de los irremediablemente necesarios ajustes tarifarios. El discurso del Gobierno, que intentó obviar estos ajustes alegando que las empresas "ganaron mucho durante los noventa y ahora les toca devolverlo", no se compadece con la realidad y ya no se puede sostener seriamente. Se han incumplido contratos y se han  desalentado inversiones, con efectos que ahora se hacen sentir. Son muchos errores, que también alcanzan al sector eléctrico, a la provisión de agua y a otros servicios. La política y la ideología han tenido mucho que ver en esta situación, que deberá corregirse lo antes posible, incorporando los necesarios mecanismos de contención social, en beneficio del crecimiento y del bienestar de la comunidad.