Aumenta la presión sobre la Casa Blanca

El fiscal especial Patrick Fitzgerald llegó ayer a Washington; en las próximas horas anunciará su decisiónFoto: EFE

Hostigado por las críticas de su propia base conservadora y republicana, la posibilidad de perder a dos de sus principales estrategos políticos y el fastidio creciente contra la guerra en Irak, el presidente George W. Bush se prepara para relanzar su gestión de gobierno a menos de 10 meses de iniciado su segundo mandato. La premisa de la Casa Blanca es que Bush se presente ante las cámaras de televisión después de que, como se espera, se anuncien en las próximas horas las eventuales acusaciones contra altos funcionarios de la administración por su presunta participación en lo que aquí se conoce ya como el “CIA-gate”. El fiscal federal Patrick Fitzgerald investiga desde hace casi dos años si un puñado de funcionarios, que incluyen al vicepresidente Dick Cheney, al principal asesor y “arquitecto electoral” del presidente, Karl Rove, y a la mano derecha de Cheney, Lewis Libby, ventilaron la identidad de una agente de la CIA, Valerie Plame. El esposo de Plame, el embajador Joseph Wilson, era un crítico acérrimo de la guerra en Irak. El gran jurado federal que escuchó a los testigos que citó Fitzgerald desde 2003 se reunió ayer por casi tres horas y se espera que haya novedades entre hoy y mañana, como máximo, cuando concluya el plazo legal para presentar cargos, determinar que debe cerrarse sin más la investigación o, en una situación intermedia, pedir más tiempo. La versión que circula por los corredores del poder de esta capital es que Fitzgerald podría acusar a Libby y quizás a Rove (pero nunca a Cheney) por encubrimiento y obstrucción de la Justicia, ya que ambos habrían trabado su investigación criminal. “La hipótesis más temida por la Casa Blanca es que el fiscal acuse a Rove y a Libby, que ambos deban renunciar y que durante el juicio se ventilen datos o pruebas que manchen a Cheney y él también se vea forzado a renunciar para limitar el escándalo. Pero aun si Fitzgerald concluye que el “CIA-gate” no es nada más que humo, algo improbable que ocurra tras dos años de investigación, la Casa Blanca habrá sufrido un nuevo descrédito ante la población, que no olvida la pésima respuesta de todos los niveles del gobierno tras la catástrofe que causó el huracán Katrina. “Somos republicanos y conservadores. Eso significa que enfatizamos el cumplimiento de la ley, que actuamos de acuerdo con ciertos valores morales y con la religión, y que somos patriotas. Pero resulta que dos funcionarios de la Casa Blanca quizás hayan ventilado el nombre de una agente de la CIA en plena guerra de Irak. Eso nunca puede verse bien”, argumentó el asesor, quien cree que Bush deberá dar un discurso, reconocer errores y presentar nuevos rostros dentro de su círculo íntimo.

El procedimiento y las penas. El procedimiento
Un fiscal especial, sin vínculo jerárquico o político con el Ministerio de Justicia, investiga eventuales faltas cometidas por un funcionario del gobierno. El fiscal somete a una cámara de acusación -jurado investigador- los elementos y testimonios recogidos durante la pesquisa. La cámara, integrada por jurados populares, sólo escucha los argumentos de la acusación y no los de la defensa, para determinar si el caso merece un proceso o no.

Cargos y penas
10 años de cárcel y 50.000 dólares de multa por divulgar la identidad de un agente secreto. Se debe establecer que el responsable de la filtración habló con conocimiento de causa. Una ley sobre espionaje permite además presentar demandas cuando una persona con acceso a información secreta la comunica a alguien no autorizado.
Perjurio: falso testimonio bajo juramento.
Obstaculización de la Justicia.