Dieciséis años después de abandonar la presidencia de un Gobierno severamente criticado, Alan García Pérez (Lima, 1949) recibe hoy de nuevo la banda presidencial en la ceremonia de investidura como máximo mandatario de Perú durante el próximo quinquenio. Vuelve al poder el presidente que a los 35 años fue incapaz de contener la inflación y las violentas embestidas de la guerrilla de Sendero Luminoso, y desató la furia de los mercados financieros. Hoy, a los 57, se presenta como un político maduro que ha aprendido de los errores del pasado y que conserva un gran carisma y poder de seducción. Vuelve al frente del partido histórico peruano, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, socialdemócrata). En vísperas de la toma de posesión, García tiene una intensa actividad en la sede del APRA, donde concedió esta entrevista a EL PAÍS.
Pregunta. ¿Es consciente de que un alto porcentaje de peruanos que le votó lo hizo para que no ganara Ollanta Humala?
Respuesta. O sea que votaban por una alternativa mejor para ellos. Ésa es siempre la decisión de un elector. Todo candidato útil, aquí, en España y en cualquier parte, se juzga a veces como la mejor carta, o es visto como el menos malo. El país ha juzgado que soy útil, algunos para evitar que se impusiera una alternativa irracional. Creo que el elegido es dueño de sus votos. Todo depende de cómo encare el nuevo Gobierno ciertas decisiones fundamentales que hay que tomar. Lo demás es especulación.
P. ¿Qué decisiones tomará en sus primeros 100 días de mandato?
R. Las decisiones que el Gobierno tiene que tomar son claras: Perú es un país en el cual la injusticia social, generada en gran parte por su pobreza tecnológica y productiva, no ha encontrado una salida en estos años, a pesar del crecimiento económico mundial. El primer gesto que espera la población es transformar el Estado mismo, a través de una política de austeridad, de descentralización, de programas concretos y hechos, y de simplificación y moralización. En los últimos cinco años para pagar a 937.000 empleados y 700.000 pensionistas estatales, el Estado ha gastado 130.000 millones de soles (31.500 millones de euros). En cambio, la inversión por todos los conceptos en todo el país sólo fue de 25.000 millones de soles (6.000 millones de euros).
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