BOLIVIA: La justicia comunitaria será un poder paralelo, intocable y obligatorio

El gobierno del presidente Evo Morales está impulsando la creación de un poder paralelo al Poder Judicial, que sea administrado en los pueblos indígenas y campesinos y al que las autoridades judiciales sólo pueden cooperar, no intervenir ni interferir. “La justicia comunitaria tiene que estar al mismo nivel de la justicia ordinaria, eso quiere decir que las dos van a tener el mismo rango para tener y aplicar nuestras normas desde la práctica, desde nuestras comunidades, y también las leyes de la ciudad”, dijo ayer en Sucre Casimira Rodríguez, ministra de Justicia.

De hecho, el 1 de enero, el gabinete de Morales aprobó un proyecto de ley, con el que propone que la justicia comunitaria tenga una organización y autoridades propias, fiscalizadores sociales y cuyo alcance sea obligatorio para campesinos e indígenas. El viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, informó que sólo en un 10 a 15% de las poblaciones rurales hay jueces y fiscales. En Bolivia existen 36 pueblos indígenas con unos cuatro millones de habitantes.
Los miembros de los pueblos indígenas y comunidades campesinas están obligados a someterse a la justicia comunitaria, “y ninguna autoridad de la justicia ordinaria puede intervenir en ella”, dice el proyecto.

El proyecto de ley señala en su artículo 6 que “las decisiones y resoluciones asumidas por las autoridades de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas, son de orden público y de cumplimiento obligatorio, se regirán según sus propias normas internas y sus prácticas tradicionales, y no podrán ser sometidas posteriormente al conocimiento de ninguna autoridad judicial ni administrativa”. También indica que sus autoridades tendrán su propia forma de organización, que las funciones de administración de justicia se regirán en el marco del respeto a los derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución Política y que en ningún caso se aplicará la pena de muerte. La máxima sanción de la justicia comunitaria es la expulsión de la comunidad.

Las autoridades conocerán y resolverán los asuntos calificados como conflictos producidos dentro su territorio, así hayan intervenido indígenas, campesinos o no indígenas. Los últimos tendrán la opción de remitir el caso a la justicia ordinaria. El proyecto indica que los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo y otros deberán cooperar cuando las autoridades indígenas así lo requieran. El Gobierno espera que en dos meses se sancione la ley y que en los posteriores seis meses se socialice la misma.