Ecuador al borde del caos político y social

Ecuador vive un caos político tras la destitución de 57 de los 100 miembros del Congreso, cuya sede acordonó la policía para impedir el ingreso de los legisladores cesados por la corte electoral, que los acusa de obstruir el proceso para una Asamblea Constituyente. Medio millar de policías impedían que los legisladores de la coalición de derecha sancionados el miércoles ingresaran al Parlamento, algunos de los cuales se reunieron en un hotel de Quito. La ley prevé que los legisladores pueden ser reemplazados por sus suplentes, lo que podría abrir una salida. Por falta de quórum, la sesión de ayer fue cancelada, aunque varios de los destituidos dijeron que no aceptarán la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por considerarla ''ilegal'' y deliberarán en una sede alterna. ''El Congreso no es un edificio, lo conformamos los diputados que seguimos siendo nosotros'', aseguró ayer Gloria Gallardo, jefe de la bancada del PRIAN, primera fuerza legislativa. Aunque Gallardo anunció que los parlamentarios acudirían al hemiciclo ''para que el mundo vea que aquí no hay democracia, sino una dictadura'', sólo unos pocos se hicieron presentes.

En las afueras del edificio permanecían algunas decenas de manifestantes oficialistas. La policía tomó el control del recinto luego de que el ministro del Interior, Gustavo Larrea, anunció que el gobierno hará respetar con la fuerza pública la decisión del TSE. Pero Gallardo sostuvo que la oposición se mantendrá firme, y afirmó que detrás de la medida del TSE están el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y su homólogo venezolano, Hugo Chávez. ''Que sepa el gobierno que la oposición no es aquella frágil que se dejó arrinconar en Venezuela por Chávez, y que cuando quiso reaccionar ya estaba aplastada'', afirmó la dirigente. ''Que sepan muy bien Correa y Chávez, que es quien maneja el país, que hay una oposición bien parada'', agregó. El TSE cesó a los 52 diputados que ''sustituyeron'' el martes al presidente de ese organismo, Jorge Acosta, en represalia por convocar para el 15 de abril la consulta popular sobre la Constituyente de ''plenos poderes'' para redactar una nueva Carta Magna. Acosta advirtió que también cesará a los magistrados de esa corte si admiten la querella, recordando que la ley lo faculta para destituir a cualquier funcionario que obstruya los procesos electorales.

La mayoría parlamentaria cesó a Acosta con el argumento de que violó la Constitución al citar el referendo sin remitirle el estatuto del mismo tras ser modificado por el gobierno, que dejó abierta la posibilidad de disolver el Congreso.