La sociedad civil ecuatoriana exige a políticos rectificar para superar crisis institucional

Tras destitución de 57 de los 100 diputados, la principal asociación de diarios del país y la Iglesia piden al Tribunal Supremo Electoral, a los congresistas y al gobierno iniciar diálogo. En cabeza de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) exigieron a los poderes públicos una "inmediata rectificación de conductas lesivas al régimen democrático, en un marco de concertación nacional". En una publicación generalizada en las portadas de los principales rotativos del país, bajo el titular "intolerable", los medios reclaman al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Congreso "actitudes que permitan superar la crisis, que aporten a la unidad nacional y a la seguridad legal y personal".

El comunicado lideró una serie de reacciones de los sectores representativos de la sociedad ecuatoriana que piden diálogo, consenso y constitucionalidad a los actores políticos que con polémicas decisiones provocaron una profunda crisis política en el país. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana difundió su posición haciendo un llamado a magistrados y jurisconsultos para que "contribuyan a sostener a la patria, salvar la democracia y la institucionalidad del Estado". "Cuando los ánimos se enardecen, se soslayan las leyes y se encienden las pasiones, la iglesia hace un llamado al pueblo ecuatoriano a mantener la calma y la paz", puntualizó la Iglesia.

La convocatoria, para el 15 de abril de una consulta popular para una Asamblea Constituyente plenos poderes, es la manzana de la discordia que enfrenta a poderes del Estado y organismos de control. La pugna generó entre el martes y el miércoles la destitución de 57 diputados del Parlamento de parte del presidente del TSE, Jorge Acosta, en represalia por la decisión de estos de relevarlo del cargo. Los congresistas consideraban "inaceptable" la decisión de Acosta de haber convocado la consulta popular sin que el Congreso conociera el texto del estatuto de la Asamblea Constituyente, enviado por el Ejecutivo, y en el cual se faculta a la Asamblea la remoción de dignatarios.

Como consecuencia del choque de trenes Ecuador no tiene con quién legislar pues los partitos destituidos se niegan a reemplazar a los congresistas 'descabezados' por sus suplentes. Echando leña al fuego, el gobierno del presidente Rafael Correa respaldó públicamente la destitución de los parlamentarios y el Ministerio de Gobierno ordenó un operativo policial para impedir su ingreso al Palacio Legislativo.

A la crítica situación se sumó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aceptar una demanda para revisar la legalidad de la convocatoria y el anuncio precipitado de Correa de no aceptar el fallo si obstruye la consulta.