La campaña para la consulta popular sobre una Asamblea Constituyente en Ecuador llega hoy a su fin con un amplio debate en los medios de comunicación, que casi no se ha trasladado a la calle, donde brilla por su ausencia la propaganda tanto del sí como del no. Un día antes del cierre de la campaña se unió al debate el ex presidente Fabián Alarcón, quien ayer anunció que anulará su voto, pues considera que el estatuto, que se votará en la consulta junto con el sí o no a la Asamblea Constituyente, ``no es solamente ilegal, sino absolutamente oscuro''. Alarcón, en una entrevista por radio Sonorama, señaló que no concederá ''un cheque en blanco'' a 130 asambleístas con plenos poderes, ya que, en su opinión, falta información y los votantes no saben ``qué será la Asamblea Constituyente y qué es lo que pretende''.
De acuerdo con el actual sistema electoral ecuatoriano, el voto nulo de Alarcón se unirá al no, pues para que gane el sí ha de sumar la mitad más uno de todos los votos emitidos, incluidos blancos y nulos. Otro ex presidente, Osvaldo Hurtado, se manifestó en favor del no, al considerar en diversas intervenciones públicas que no es necesaria una Asamblea Constituyente y que el objetivo del actual jefe del Estado, Rafael Correa, es conseguir ''el poder absoluto'' e ``imponer una Constitución a su medida''. ''Votar por el sí es votar contra la democracia y votar por el no es votar a favor de la democracia'', dijo Hurtado, que encabezó la Asamblea que reformó la Constitución de Ecuador en 1998, durante el periodo en que Alarcón era presidente, tras llegar a la Jefatura del Estado de forma irregular. Alarcón, que era presidente del Congreso en 1997, fue designado jefe de Estado tras la destitución por la Cámara de Abdalá Bucaram, declarado ''loco'' por los diputados, y también de la vicepresidenta, Rosalía Arteaga, que estuvo dos días en la Presidencia.
Por su parte, Correa, que recorre el país y las emisoras de radio y televisión en defensa del sí, ha calificado a Hurtado de ''cadáver político'', un apelativo que grupos sociales defensores de la Asamblea Constituyente también han aplicado a Alarcón.


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