XXXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA: OEA evita condenar a Venezuela

La coyuntura política se devoró la razón principal de la XXXVII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que culminó ayer. Las "urgencias" pudieron más: la libertad de expresión en Venezuela, tras el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) eclipsó el debate sobre la situación energética de la región, asunto central del encuentro.
Durante su último día, los 34 países dieron luz verde, sin controversias, a más de 81 proyectos, aunque ninguno vinculado con el cierre de RCTV. El momento más ríspido, entonces, se vivió el lunes último. En su única intervención, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, tildó de "antidemocrática" la decisión del presidente Hugo Chávez y pidió a la OEA que envíe una misión oficial para que estudie la situación de la libertad de expresión. En respuesta, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Rice de violar la soberanía de su país y propuso, en cambio, mandar una comisión para que analice el estado de los derechos humanos en la cárcel que mantiene Estados Unidos en Guantánamo.

A pesar de la pelea verbal, las posiciones de uno y otro sector no se plasmaron en una decisión formal. El enfrentamiento verbal tampoco animó a ningún otro país a castigar públicamente a Venezuela. Solo algunos gobiernos –entre ellos los de Uruguay, El Salvador, Canadá y Perú– hicieron alusión a la defensa de la libertad de expresión, pero sin condenar el cierre de RCTV. El único documento que aprobó la Asamblea General con respecto a la prensa quedó a medio camino. Pide a los países "defender el derecho a la libertad de pensamiento y expresión" y resalta la importancia de los medios de comunicación. En el tema energético también hubo roces, aunque de menor calibre. Estados Unidos y Brasil –principales productores de etanol– impulsaron un párrafo de la "Declaración de Panamá: Energía para el desarrollo sostenible" en el que se "reconoce el potencial de biocombustible". Del otro lado, los países con grandes reservas de hidrocarburos –Venezuela, Bolivia, entre otros– dejaron entrever algunas "reservas" respecto de la utilización de esa fuente de energía alternativa.

El documento final –acordado, en su gran mayoría, meses antes en Washington– afirma que los Estados de la región se comprometen a "aumentar el acceso de los ciudadanos a servicios energéticos eficientes" como una forma de reducir la pobreza en América. Y en ese sentido, los números asustan: según la CEPAl, la cantidad de pobres en la región asciende a 205 millones, mientras que el número de indigentes llega a 79 millones. Ese número enturbia, cuando se baja a la realidad, el crecimiento del PIB de la región: 5.3% durante 2006.

Fuente: Diario La Prensa de Panamá