Hasta el cierre de esta sección la tarde de ayer, todo indicaba que el paro de actividades en seis departamentos el próximo martes, en defensa de la democracia y el estado de derecho, atentos el enjuiciamiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional dispuesto por la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y la no reposición por el pleno de la Asamblea Constituyente del debate en torno de la demanda chuquisaqueña de retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre, era un hecho inevitable, sin embargo tanto del daño que infligirá a la economía nacional, como de sus connotaciones políticas, máxime si ninguna de las partes en conflicto; es decir, las instituciones cívicas de más de medio país y el gobierno central, dio señales de acercamiento y voluntad de diálogo.
Peor aun, el Comité Pro Santa Cruz anunció su decisión de denunciar los hechos ante las organizaciones de Naciones Unidas y Estados Americanos, mientras que Venezuela se permitió advertir, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, que Bolivia no quedaría sola frente a un supuesto "zarpazo" del imperialismo o la oligarquía contra la administración del presidente Evo Morales, con lo que la crisis tendía a ganar las fronteras patrias.
Paralelamente, crecía la iniciativa de declarar en receso al foro encargado de la elaboración, sin ningún éxito hasta ahora, de una nueva carta fundamental, o de lograr la renuncia de su directiva en la perspectiva de que fuese renovada, en un clima de considerable distensión en la capital de la república, aunque en riesgo de agitarse a partir del lunes con motivo de la amenaza de movilizaciones campesinas y de otros sectores afines al partido en función de gobierno que persiguen la continuación de las deliberaciones del evento.
Como era de esperar, el gobierno acusó a los cívicos de inspirarse en objetivos políticos de desestabilización, descartando empero la posibilidad de la adopción de medidas de excepción.
En escenario así de complicado, no dejaron de llamar la atención los informes relativos a sendas notas del Prefecto de Chuquisaca al Presidente de la República y a la titular de la Asamblea Constituyente, instándoles a promover una suerte de negociación entre las fuerzas vivas de ese distrito y el de La Paz sobre capitalidad, por una parte, y a una gestión en igual sentido del Defensor del Pueblo en Sucre, por la otra, como si la cuestión significara algo de interés exclusivo de los dos departamentos y no de la nación toda.
Continue editorial del diario Los Tiempos de Cochabamba Bolivia
Peor aun, el Comité Pro Santa Cruz anunció su decisión de denunciar los hechos ante las organizaciones de Naciones Unidas y Estados Americanos, mientras que Venezuela se permitió advertir, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, que Bolivia no quedaría sola frente a un supuesto "zarpazo" del imperialismo o la oligarquía contra la administración del presidente Evo Morales, con lo que la crisis tendía a ganar las fronteras patrias.
Paralelamente, crecía la iniciativa de declarar en receso al foro encargado de la elaboración, sin ningún éxito hasta ahora, de una nueva carta fundamental, o de lograr la renuncia de su directiva en la perspectiva de que fuese renovada, en un clima de considerable distensión en la capital de la república, aunque en riesgo de agitarse a partir del lunes con motivo de la amenaza de movilizaciones campesinas y de otros sectores afines al partido en función de gobierno que persiguen la continuación de las deliberaciones del evento.
Como era de esperar, el gobierno acusó a los cívicos de inspirarse en objetivos políticos de desestabilización, descartando empero la posibilidad de la adopción de medidas de excepción.
En escenario así de complicado, no dejaron de llamar la atención los informes relativos a sendas notas del Prefecto de Chuquisaca al Presidente de la República y a la titular de la Asamblea Constituyente, instándoles a promover una suerte de negociación entre las fuerzas vivas de ese distrito y el de La Paz sobre capitalidad, por una parte, y a una gestión en igual sentido del Defensor del Pueblo en Sucre, por la otra, como si la cuestión significara algo de interés exclusivo de los dos departamentos y no de la nación toda.
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