El presidente de Bolivia, Evo Morales, afrontaba hoy una grave crisis política tras la decisión de la Asamblea Constituyente de suspender sus sesiones y después de que el oficialismo aprobara en el Congreso, en ausencia de la oposición, un juicio contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. La jornada estuvo llena tensión y violencia en la ciudad de La Paz ante una batalla campal protagonizada en el Congreso por legisladores del oficialismo y la oposición, mientras en Sucre se registraron choques entre manifestantes y la policía que causaron varios heridos. El partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó hoy por su cuenta, al margen de la oposición, el juicio por prevaricación contra los magistrados Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Walter Raña y Artemio Arias.
El juicio fue aprobado en una inusual sesión celebrada en el edificio de la Vicepresidencia, hasta donde se trasladaron los disputados del MAS al alegar la necesidad de seguridad, tras el enfrentamiento a puñetazos y patadas registrado en la Cámara Baja. La resolución fue adoptada por mayoría absoluta, con el voto favorable de 61 de los 68 diputados del MAS presentes en la sesión. La aprobación del juicio implica la suspensión de los cuatros miembros del Tribunal Constitucional (TC), quienes serán procesados por el Senado, que, sin embargo, está controlado por opositores. Morales acusó a los magistrados de violar la ley al haber determinado la suspensión de cuatro miembros de la Corte Suprema que él había designado y que luego fueron reemplazados por el Congreso.
En paralelo a la reunión de los oficialistas, los legisladores de Poder Democrático y Social (Podemos, oposición) participaron de otra sesión en la Cámara Baja en la que aprobaron una resolución que archiva el proceso a los miembros del TC, aunque esta decisión fue desconocida por el presidente de los diputados, el oficialista Edmundo Novillo. La jefa del grupo de parlamentarios de Podemos, Lourdes Millares, que la noche del martes fue agredida por una diputada del MAS, acusó al oficialismo de tener "un plan de arbitrariedades, de actos ilegales", con el que vulnera los derechos de los magistrados.
En Sucre, la presidenta de la Constituyente, Silvia Lazarte, anunció que se suspenden las reuniones del foro hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para los constituyentes. Pese a completar más de un año de vida, la Asamblea no ha logrado hasta ahora aprobar ni un solo artículo de la nueva Carta Magna debido a los enfrentamientos entre opositores y oficialistas, lo cual obligó al Congreso a ampliar su tiempo de trabajo hasta el 14 de diciembre. Legisladores de Podemos anunciaron hoy que presentarán un proyecto de ley para plantear la clausura de las sesiones del foro. Las organizaciones del departamento de Chuquisaca iniciaron la semana pasada las movilizaciones para pedir a la Asamblea que revierta su decisión de no debatir sobre la disputa por la capital que tiene la ciudad sureña de Sucre con La Paz.
Sucre es la capital histórica de Bolivia pero solo alberga al Poder Judicial desde 1899, cuando perdió una guerra civil contra La Paz que desde entonces es la sede del Ejecutivo y Legislativo. Actualmente hay cerca de tres centenares de personas en huelga de hambre en Sucre, además de permanentes movilizaciones callejeras que hostigan a los asambleístas del oficialismo. El constituyente del MAS Ignacio Mendoza fue perseguido por una turba que, al no encontrarlo, destruyó y saqueó la casa particular donde estuvo refugiado, según un informe oficial de la Asamblea. En tanto que uno los manifestantes sufrió el impacto de un balín en la cara, explicó a Efe Germán Gutiérrez, miembro del comité en defensa de la capital que organizó la marcha. Sobre el tema, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo hoy que "en ningún momento" el gobierno ha pensado en un estado de sitio para calmar el conflicto social y político, aunque admitió que la continuidad de la Asamblea está en riesgo.
Dijo que la Constituyente debe reanudar su trabajo cuando se garanticen las condiciones de seguridad y ratificó la decisión de gobierno y del MAS de continuar con el juicio a los magistrados y el inicio mañana del proceso de elección de sus sustitutos.
El juicio fue aprobado en una inusual sesión celebrada en el edificio de la Vicepresidencia, hasta donde se trasladaron los disputados del MAS al alegar la necesidad de seguridad, tras el enfrentamiento a puñetazos y patadas registrado en la Cámara Baja. La resolución fue adoptada por mayoría absoluta, con el voto favorable de 61 de los 68 diputados del MAS presentes en la sesión. La aprobación del juicio implica la suspensión de los cuatros miembros del Tribunal Constitucional (TC), quienes serán procesados por el Senado, que, sin embargo, está controlado por opositores. Morales acusó a los magistrados de violar la ley al haber determinado la suspensión de cuatro miembros de la Corte Suprema que él había designado y que luego fueron reemplazados por el Congreso.
En paralelo a la reunión de los oficialistas, los legisladores de Poder Democrático y Social (Podemos, oposición) participaron de otra sesión en la Cámara Baja en la que aprobaron una resolución que archiva el proceso a los miembros del TC, aunque esta decisión fue desconocida por el presidente de los diputados, el oficialista Edmundo Novillo. La jefa del grupo de parlamentarios de Podemos, Lourdes Millares, que la noche del martes fue agredida por una diputada del MAS, acusó al oficialismo de tener "un plan de arbitrariedades, de actos ilegales", con el que vulnera los derechos de los magistrados.
En Sucre, la presidenta de la Constituyente, Silvia Lazarte, anunció que se suspenden las reuniones del foro hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para los constituyentes. Pese a completar más de un año de vida, la Asamblea no ha logrado hasta ahora aprobar ni un solo artículo de la nueva Carta Magna debido a los enfrentamientos entre opositores y oficialistas, lo cual obligó al Congreso a ampliar su tiempo de trabajo hasta el 14 de diciembre. Legisladores de Podemos anunciaron hoy que presentarán un proyecto de ley para plantear la clausura de las sesiones del foro. Las organizaciones del departamento de Chuquisaca iniciaron la semana pasada las movilizaciones para pedir a la Asamblea que revierta su decisión de no debatir sobre la disputa por la capital que tiene la ciudad sureña de Sucre con La Paz.
Sucre es la capital histórica de Bolivia pero solo alberga al Poder Judicial desde 1899, cuando perdió una guerra civil contra La Paz que desde entonces es la sede del Ejecutivo y Legislativo. Actualmente hay cerca de tres centenares de personas en huelga de hambre en Sucre, además de permanentes movilizaciones callejeras que hostigan a los asambleístas del oficialismo. El constituyente del MAS Ignacio Mendoza fue perseguido por una turba que, al no encontrarlo, destruyó y saqueó la casa particular donde estuvo refugiado, según un informe oficial de la Asamblea. En tanto que uno los manifestantes sufrió el impacto de un balín en la cara, explicó a Efe Germán Gutiérrez, miembro del comité en defensa de la capital que organizó la marcha. Sobre el tema, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo hoy que "en ningún momento" el gobierno ha pensado en un estado de sitio para calmar el conflicto social y político, aunque admitió que la continuidad de la Asamblea está en riesgo.
Dijo que la Constituyente debe reanudar su trabajo cuando se garanticen las condiciones de seguridad y ratificó la decisión de gobierno y del MAS de continuar con el juicio a los magistrados y el inicio mañana del proceso de elección de sus sustitutos.
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