Comentario del editor del diario El Comercio de Lima : El espacio jugado por Bachelet y Alan García

Por Juan Paredes Castro

El proceso de extradición de Alberto Fujimori comenzó con un pedido de Estado a Estado y ha acabado con una entrega del acusado de Estado a Estado.

Ya sabemos que el resultado expresa la virtud de un fallo judicial chileno que aprueba su juzgamiento en los tribunales peruanos.

Tan respetable es este fallo como lo hubiera sido también aquel que lo liberara de cargos y lo dejara lejos del alcance de la justicia de nuestro país.

Ahora bien, estamos ante un ex mandatario acusado formalmente, bajo el filtro de la extradición, de siete delitos, dos de violación de derechos humanos y cinco de corrupción. Ni la justicia chilena lo ha convertido en medio inocente, al optar por unos delitos y descartar otros, ni la justicia peruana debe hacerlo medio culpable, solo porque cuenta con un rosario de evidencias de peso o porque lo considera testigo clave en los procesos penales abiertos a la mafia montesinista.

No es el giro político del proceso de extradición el que debemos valorar, sino fundamentalmente el giro jurídico.

Es decir: el tránsito de la evaluación del Caso Fujimori por la suprema corte chilena, a la antesala de su juzgamiento en el Perú, con pleno respeto de sus derechos como ciudadano de este país y con algunas consideraciones básicas que el Estado Peruano habría adoptado en función de su antigua investidura.

El respeto demostrado al proceso de extradición por los presidentes de Chile y Perú, Michelle Bachelet y Alan García, parece encontrar continuidad coherente en el procedimiento de traslado del ex mandatario de Santiago a Lima y su consiguiente entrega a las autoridades judiciales, penitenciarias y de migración. Todo esto dentro de las máximas garantías que reclama la dignidad personal del procesado y el debido trato fiscal y judicial que merece desde el primer momento.

Se trata de una reserva de intervención que, en primer lugar, privilegia el orden democrático de ambos países, el común respeto a los derechos humanos y el debido proceso del acusado y la convergencia civilizada que caracteriza el compromiso de los dos mandatarios de poner a salvo, en el mejor sentido posible, nuestras siempre sensibles relaciones bilaterales.

Todo parece, pues, encaminado a quitarle al juzgamiento de Fujimori el nefasto ruido perturbador de la politización y la intromisión gubernamental.

Con el ejemplo puesto por Bachelet y García, en lo que legal y constitucionalmente les ha correspondido hacer hasta hoy, sería realmente triste que el fujimorismo y el antifujimorismo envenenaran la atmósfera judicial que todos deseamos sanamente respirable.

Fuente: Diario El Comercio de Lima