El juez federal Norberto Oyarbide se declaró hoy incompetente y elevó a la Corte Suprema de Justicia toda la causa en que se investiga a diplomáticos extranjeros y a funcionarios de la Cancilleria por la importación de lujosos autos deportivos y todoterreno con franquicia impositiva. Fuentes judiciales informaron hoy que el magistrado adoptó esa resolución "luego de que la Cancillería informó al juzgado sobre el estatus diplomático de algunas personas vinculadas a la causa, entre los cuáles hay embajadores y cónsules".
A la consulta sobre por qué el juez también declinó su competencia con los funcionarios de la Cancillería -dado que el fuero federal debe investigarlos-, la fuente respondió: "A esta altura del proceso era imposible diferenciar entre los hechos atribuibles a diplomáticos extranjeros y a los funcionarios".
Si el máximo tribunal sigue adelante con el expediente, explicó el informante, "lo que puede decidir, tal y como viene haciendo últimamente, es delegar en el juzgado la instrucción de la causa aunque impidiéndole tomar resoluciones con los diplomáticos, pues tienen inmunidad".
Los diplomáticos extranjeros gozan de inmunidad por la Convención de Viena y en consecuencia la Corte Suprema está obligada a pedir permiso para someterlos a proceso penal a sus países de origen o, en su defecto, cada uno de ellos debe juzgarlo, agregó la fuente.
La resolución de Oyarbide coincidió con los trascendidos sobre cierto malestar en las embajadas de países extranjeros con el Gobierno nacional por la difusión que tuvo el caso, y una nota que envió la Cancillería a la representación diplomática de la Santa Sede para calmar los ánimos, en la que se explicó la necesidad de "colaborar" con la Justicia sin dañar la realción con terceros países.
Ya se sabía que en la lista contenida en el requerimiento de instrucción del fiscal Luis Comparatore figuran 15 embajadores y decenas de cónsules y funcionarios de embajadas, entre otros, de Bolivia, Arturo Liebres Valdivieso; de Marruecos, Larbi Reffouh; de Perú, Martín Belaunde; de Bielorrusia, Vadin Lazerco; de Pakistán, Mohammed Nizar; la cónsul uruguaya María Blanco Musetti y el agregado de la legación estadounidense, Carlos Masa.
Fuente: Diario Perfil de Buenos Aires
A la consulta sobre por qué el juez también declinó su competencia con los funcionarios de la Cancillería -dado que el fuero federal debe investigarlos-, la fuente respondió: "A esta altura del proceso era imposible diferenciar entre los hechos atribuibles a diplomáticos extranjeros y a los funcionarios".
Si el máximo tribunal sigue adelante con el expediente, explicó el informante, "lo que puede decidir, tal y como viene haciendo últimamente, es delegar en el juzgado la instrucción de la causa aunque impidiéndole tomar resoluciones con los diplomáticos, pues tienen inmunidad".
Los diplomáticos extranjeros gozan de inmunidad por la Convención de Viena y en consecuencia la Corte Suprema está obligada a pedir permiso para someterlos a proceso penal a sus países de origen o, en su defecto, cada uno de ellos debe juzgarlo, agregó la fuente.
La resolución de Oyarbide coincidió con los trascendidos sobre cierto malestar en las embajadas de países extranjeros con el Gobierno nacional por la difusión que tuvo el caso, y una nota que envió la Cancillería a la representación diplomática de la Santa Sede para calmar los ánimos, en la que se explicó la necesidad de "colaborar" con la Justicia sin dañar la realción con terceros países.
Ya se sabía que en la lista contenida en el requerimiento de instrucción del fiscal Luis Comparatore figuran 15 embajadores y decenas de cónsules y funcionarios de embajadas, entre otros, de Bolivia, Arturo Liebres Valdivieso; de Marruecos, Larbi Reffouh; de Perú, Martín Belaunde; de Bielorrusia, Vadin Lazerco; de Pakistán, Mohammed Nizar; la cónsul uruguaya María Blanco Musetti y el agregado de la legación estadounidense, Carlos Masa.
Fuente: Diario Perfil de Buenos Aires
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