miércoles, mayo 21, 2008

BOLIVIA: Podemos pone 7 condiciones para el diálogo

Podemos condicionó el avance del diálogo parlamentario al que convocó para hoy el vicepresidente Álvaro García Linera, a que el oficialismo acepte una agenda básica de siete puntos, entre ellos el reconocimiento de los resultados del referéndum cruceño sobre estatutos autonómicos y los que realizarán Beni, Pando y Tarija con el mismo objetivo.

Por su parte, Unidad Nacional (UN), mediante su jefe nacional, Samuel Doria Medina, planteó una pausa de 45 días en el referéndum revocatorio de mandato (10 de agosto) para que el diálogo pueda avanzar. Considera que la cita convocada para hoy por García no es un diálogo, sino solamente una reunión de jefes de bancada. El diálogo, al que García Linera invitó a los jefes de bancada de las cuatro fuerzas congresales (MAS, Podemos, UN y el MNR) comenzará a las 16.00 en instalaciones del Congreso.

El jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, explicó que el objetivo es armonizar el proyecto de texto constitucional aprobado en la Constituyente con las autonomías departamentales que promueve la oposición política y regional.

No obstante, los jefes de bancada de Podemos en el Senado, Róger Pinto, y en Diputados, Antonio Franco, respondieron a la invitación con una carta que pone siete condiciones, que anoche fueron explicadas por el jefe de su partido, Jorge Quiroga.

Plantean “el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo a los resultados de los referendos de aprobación de estatutos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando”, procesos a los que el Gobierno calificó de inconstitucionales.

Podemos también pide “la generación de una verdadera Constitución Política del Estado”, “la anulación de las normas que confiscan el IDH y las regalías a los nueve departamentos”, “la eliminación de todas las prohibiciones y limitaciones políticas a las exportaciones”, “la definición técnica y consensuada de medidas económicas que preserven la economía familiar de la inflación galopante”, “la participación de la Iglesia Católica como garante y facilitador” y “la participación de autoridades y representantes del Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, gobiernos departamentales y actores regionales con capacidad de decisión”.

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