El departamento de Santa Cruz le dijo ayer un contundente Sí al Estatuto Autonómico de esa región, en una jornada caracterizada por un ambiente mayoritariamente tranquilo, aunque con incidentes de violencia en lugares con influencia de los seguidores del gobierno de Evo Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo. Si bien se daba por descontado el triunfo de la opción afirmativa del Estatuto, quizá pocos esperaban que esa victoria se produjera con el 86 por ciento frente a sólo el 14 por ciento que dijo No, según los datos de la empresa Ipsos Apoyo para La Razón y la red ATB. Una victoria de esa magnitud en las urnas, incluso considerando el previsiblemente alto porcentaje de ausentismo, es un dato importante en cualquier lugar.
Se trata, a la vez, de un dato que abre las puertas de un nuevo mapa político boliviano que concluirá por dibujarse con similares consultas populares que se realizarán en los departamentos de Beni, Pando y Tarija en las próximas siete semanas.
La elección de ayer superó el ámbito de la disyuntiva entre votar a favor o en contra de un estatuto autonómico y trascendió visiblemente al ámbito político, al punto de convertirse prácticamente en un acto plebiscitario en aquella región, por la manera como el Gobierno nacional afrontó la campaña previa de oposición al Estatuto Autonómico cruceño.
Por eso mismo, al margen de la naturaleza propia del Estatuto, la jornada ha dejado ganadores y perdedores. Para nadie es un secreto que el frente de oposición al gobierno de Evo Morales tiene naturaleza regional y se organiza en torno a determinadas prefecturas, y el Ejecutivo haría bien en reconocer, ahora con más razón que nunca antes, que a la luz de esos resultados debe abrir un nuevo espacio de entendimiento por el bien del país y de sí mismo.
De todos los actores en la escena política de estos tiempos, el que mayor necesidad tiene de hacer una lectura correcta de los nuevos datos políticos de la realidad boliviana es el Gobierno nacional. Cuando menos en la intimidad de la autocrítica —ya que en el frente público se insiste en desconocer el triunfo del Sí cruceño y sus consecuencias— sería muy saludable para la mejor conducción del país que el Ejecutivo revise si la manera en que está llevando adelante el ejercicio del poder es realmente el que más le conviene a él y a la Bolivia plural de este tiempo.
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Se trata, a la vez, de un dato que abre las puertas de un nuevo mapa político boliviano que concluirá por dibujarse con similares consultas populares que se realizarán en los departamentos de Beni, Pando y Tarija en las próximas siete semanas.
La elección de ayer superó el ámbito de la disyuntiva entre votar a favor o en contra de un estatuto autonómico y trascendió visiblemente al ámbito político, al punto de convertirse prácticamente en un acto plebiscitario en aquella región, por la manera como el Gobierno nacional afrontó la campaña previa de oposición al Estatuto Autonómico cruceño.
Por eso mismo, al margen de la naturaleza propia del Estatuto, la jornada ha dejado ganadores y perdedores. Para nadie es un secreto que el frente de oposición al gobierno de Evo Morales tiene naturaleza regional y se organiza en torno a determinadas prefecturas, y el Ejecutivo haría bien en reconocer, ahora con más razón que nunca antes, que a la luz de esos resultados debe abrir un nuevo espacio de entendimiento por el bien del país y de sí mismo.
De todos los actores en la escena política de estos tiempos, el que mayor necesidad tiene de hacer una lectura correcta de los nuevos datos políticos de la realidad boliviana es el Gobierno nacional. Cuando menos en la intimidad de la autocrítica —ya que en el frente público se insiste en desconocer el triunfo del Sí cruceño y sus consecuencias— sería muy saludable para la mejor conducción del país que el Ejecutivo revise si la manera en que está llevando adelante el ejercicio del poder es realmente el que más le conviene a él y a la Bolivia plural de este tiempo.
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