Que la decisión fue histórica y dejó sin legitimidad alguna el sistema de justicia paralelo creado por George Bush tras el 11-S y encarnado en Guantánamo, no hay duda. Pero tampoco la hay de que el dividido voto del Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad de mantener encerrados a presos sin derecho a asistencia jurídica no resuelve el problema de los más de 270 presos cautivos. El fiscal general, Michael Mukasey, aseguró que el fallo del Supremo no afectará a procesos militares en marcha en la base norteamericana.
El día después de dictaminar que había llegado el fin de Guantánamo tal y como se conocía trajo más incógnitas sobre lo que va a pasar en el futuro que certidumbres. De momento, y con casi total seguridad, el centro de detención creado hace más de seis años y medio en Cuba pasará en herencia en noviembre al próximo presidente de Estados Unidos y su nuevo Congreso.
Aún con los días contados, la actual Administración republicana ya ha comenzado a estudiar cómo esquivar -una vez más, y serían tres- el fallo del máximo órgano judicial de EE UU. En palabras del propio fiscal general norteamericano, Michael Mukasey, "la decisión del Supremo sobre los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo traerá un torrente de apelaciones de los detenidos, pero no afectará a los procesos militares planeados para algunos de los presos". O lo que es lo mismo: todo seguirá igual en la base militar radicada en Cuba.
El portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, anunciaba que el Gobierno no tenía ninguna intención de paralizar los juicios militares a los presos de Guantánamo. "Son enemigos combatientes que han sido acusados por comisiones militares por crímenes de guerra", dijo Carr. "Se les han garantizado muchas protecciones adicionales de cara a esos juicios. Seguiremos adelante", añadió.
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El día después de dictaminar que había llegado el fin de Guantánamo tal y como se conocía trajo más incógnitas sobre lo que va a pasar en el futuro que certidumbres. De momento, y con casi total seguridad, el centro de detención creado hace más de seis años y medio en Cuba pasará en herencia en noviembre al próximo presidente de Estados Unidos y su nuevo Congreso.
Aún con los días contados, la actual Administración republicana ya ha comenzado a estudiar cómo esquivar -una vez más, y serían tres- el fallo del máximo órgano judicial de EE UU. En palabras del propio fiscal general norteamericano, Michael Mukasey, "la decisión del Supremo sobre los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo traerá un torrente de apelaciones de los detenidos, pero no afectará a los procesos militares planeados para algunos de los presos". O lo que es lo mismo: todo seguirá igual en la base militar radicada en Cuba.
El portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, anunciaba que el Gobierno no tenía ninguna intención de paralizar los juicios militares a los presos de Guantánamo. "Son enemigos combatientes que han sido acusados por comisiones militares por crímenes de guerra", dijo Carr. "Se les han garantizado muchas protecciones adicionales de cara a esos juicios. Seguiremos adelante", añadió.
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