La reforma previsional, que anunciará hoy el Poder Ejecutivo y que significará un golpe letal para el sistema de capitalización, provoca lógicamente una fuerte resistencia entre las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que rechazan de plano los argumentos con los que algunos funcionarios buscan explicar por qué se promueve el proyecto.
Aunque optaron ayer por no hacer declaraciones, los directivos del sector creen que el Gobierno usa como justificativo una situación de coyuntura, como la crisis financiera que afecta a los activos del sistema como a cualquier otro instrumento de inversión (incluso, agregan que los resultados negativos son mucho más leves que los que muestran por estos días otros indicadores financieros), y no analiza los resultados de largo plazo, ya que eso es lo que debería interesar en la evaluación de un sistema jubilatorio, en el que las personas ahorran durante un período de por lo menos 30 años.
En la década y media que lleva en vigor el sistema, la rentabilidad anual promedio resultó del 13,7% en términos nominales, y del 8%, si se corrige por inflación, según los datos de la Superintendencia estatal que regula a la actividad (el último índice cae unas décimas si se considera que el Indec subestima, por manipulación, el índice de precios desde enero de 2007).
Pero no fueron las AFJP las únicas desconcertadas por el proyecto: dentro del Gobierno hay funcionarios que hasta hacía poco trabajaban en una iniciativa para evitar, mediante regulaciones técnicas, que los actuales resultados negativos de las inversiones afectaran a quienes están cobrando un beneficio o a quienes se están por jubilar. Todo eso quedó descartado, ahora que la decisión política es eliminar el régimen para que el Estado se apodere de los aportes y de los fondos que durante 14 años acumularon 9,45 millones de personas, de las cuales hoy aportan efectivamente cada mes entre 3,6 y 3,9 millones.
La Unión de AFJP, que preside el ex subsecretario de Financiamiento Sebastián Palla, mantuvo ayer absoluto silencio. Según pudo saber LA NACION, sus directivos intentan ser recibidos por alguna autoridad. Diferentes fuentes coincidieron en que no hubo consultas ni aviso de la existencia del proyecto, no sólo a las empresas, sino que tampoco a algunas áreas del Gobierno, que incluso seguían trabajando en un proyecto muy caro a la administración Kirchner, el de alentar inversiones de las administradoras en sectores productivos. El sistema había sido ratificado hacía poco más de un año, cuando se aprobó una ley que permitió que los afiliados que no estaban conformes tuvieran la posibilidad de retornar al régimen estatal de reparto.
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Aunque optaron ayer por no hacer declaraciones, los directivos del sector creen que el Gobierno usa como justificativo una situación de coyuntura, como la crisis financiera que afecta a los activos del sistema como a cualquier otro instrumento de inversión (incluso, agregan que los resultados negativos son mucho más leves que los que muestran por estos días otros indicadores financieros), y no analiza los resultados de largo plazo, ya que eso es lo que debería interesar en la evaluación de un sistema jubilatorio, en el que las personas ahorran durante un período de por lo menos 30 años.
En la década y media que lleva en vigor el sistema, la rentabilidad anual promedio resultó del 13,7% en términos nominales, y del 8%, si se corrige por inflación, según los datos de la Superintendencia estatal que regula a la actividad (el último índice cae unas décimas si se considera que el Indec subestima, por manipulación, el índice de precios desde enero de 2007).
Pero no fueron las AFJP las únicas desconcertadas por el proyecto: dentro del Gobierno hay funcionarios que hasta hacía poco trabajaban en una iniciativa para evitar, mediante regulaciones técnicas, que los actuales resultados negativos de las inversiones afectaran a quienes están cobrando un beneficio o a quienes se están por jubilar. Todo eso quedó descartado, ahora que la decisión política es eliminar el régimen para que el Estado se apodere de los aportes y de los fondos que durante 14 años acumularon 9,45 millones de personas, de las cuales hoy aportan efectivamente cada mes entre 3,6 y 3,9 millones.
La Unión de AFJP, que preside el ex subsecretario de Financiamiento Sebastián Palla, mantuvo ayer absoluto silencio. Según pudo saber LA NACION, sus directivos intentan ser recibidos por alguna autoridad. Diferentes fuentes coincidieron en que no hubo consultas ni aviso de la existencia del proyecto, no sólo a las empresas, sino que tampoco a algunas áreas del Gobierno, que incluso seguían trabajando en un proyecto muy caro a la administración Kirchner, el de alentar inversiones de las administradoras en sectores productivos. El sistema había sido ratificado hacía poco más de un año, cuando se aprobó una ley que permitió que los afiliados que no estaban conformes tuvieran la posibilidad de retornar al régimen estatal de reparto.
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