En medio de marcadas discrepancias sobre sí fracasó o no el diálogo entre el Gobierno y los prefectos opositores, cerrado este domingo, empezaron los aprestos para hacer frente a una nueva confrontación, ahora en el Congreso Nacional y entre parlamentarios opositores y oficialistas, por la aprobación de la convocatoria a referéndum constitucional. Los opositores anticipan una "dura resistencia" y los oficialistas, ratificaron el cerco al Congreso.
Los parlamentarios de Poder Democrático y Social (Podemos) anunciaron ayer una dura resistencia en el Parlamento a la intención del Gobierno de viabilizar una ley de convocatoria para la aprobación de su proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), sin mayores revisiones que en el capítulo de autonomías.
En contrapartida, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó el cerco al Congreso el 15 de octubre próximo y convencidos de que conseguirán los dos tercios que se requiere para aprobar esa ley de convocatoria, anunciaron el inicio de campaña a favor de su CPE.
Sin embargo, ayer en forma inesperada, ante las críticas y advertencias de que ese cerco podría volver a generar violencia en el país, el Gobierno y algunos sectores sociales afines al MAS, cambiaron de discurso y rectificaron la finalidad de la movilización que partiría este 13 de octubre de Caracallo hacia la sede de gobierno. Ya no quisieron hablar de "cerco", sino de "vigilia" y "fiesta popular".
El Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, anunció ayer que de inmediato comenzará con las negociaciones políticas en el Legislativo para que en los próximos días se considere y apruebe los referendos dirimidor de tierra y el constitucional.
Este nuevo contexto, oficialistas y opositores, ayer, se dejaron claramente sentadas sus posiciones con relación al texto constitucional aprobado en Oruro y avizoraron nuevos conflictos, debido a que por un consenso implícito, Gobierno y prefectos opositores, determinaron dejar el tema al Congreso.
Al cierre del diálogo nacional, que concluyó el domingo pasado sin ningún acuerdo, los cuatro prefectos opositores (Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca) decidieron renunciar a la presión para conseguir sus reivindicaciones regionales (las autonomías departamentales) y dirimir sus diferencias con el Gobierno en los dos referendos constitucionales.
Siga leyendo el artículo del diario Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia
Los parlamentarios de Poder Democrático y Social (Podemos) anunciaron ayer una dura resistencia en el Parlamento a la intención del Gobierno de viabilizar una ley de convocatoria para la aprobación de su proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), sin mayores revisiones que en el capítulo de autonomías.
En contrapartida, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó el cerco al Congreso el 15 de octubre próximo y convencidos de que conseguirán los dos tercios que se requiere para aprobar esa ley de convocatoria, anunciaron el inicio de campaña a favor de su CPE.
Sin embargo, ayer en forma inesperada, ante las críticas y advertencias de que ese cerco podría volver a generar violencia en el país, el Gobierno y algunos sectores sociales afines al MAS, cambiaron de discurso y rectificaron la finalidad de la movilización que partiría este 13 de octubre de Caracallo hacia la sede de gobierno. Ya no quisieron hablar de "cerco", sino de "vigilia" y "fiesta popular".
El Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, anunció ayer que de inmediato comenzará con las negociaciones políticas en el Legislativo para que en los próximos días se considere y apruebe los referendos dirimidor de tierra y el constitucional.
Este nuevo contexto, oficialistas y opositores, ayer, se dejaron claramente sentadas sus posiciones con relación al texto constitucional aprobado en Oruro y avizoraron nuevos conflictos, debido a que por un consenso implícito, Gobierno y prefectos opositores, determinaron dejar el tema al Congreso.
Al cierre del diálogo nacional, que concluyó el domingo pasado sin ningún acuerdo, los cuatro prefectos opositores (Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca) decidieron renunciar a la presión para conseguir sus reivindicaciones regionales (las autonomías departamentales) y dirimir sus diferencias con el Gobierno en los dos referendos constitucionales.
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