Mientras el autócrata Hugo Chávez utiliza la OEA supuestamente para defender la democracia en Honduras, en Venezuela cada vez son menos los espacios de libertad y democracia. ¿Y qué hacen la OEA y la comunidad internacional ante estos abusos?
En verdad, lamentablemente para los ciudadanos venezolanos y para la subregión, el régimen chavista se parece cada vez más a una dictadura. Aparte de propiciar una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida, es innegable que el Poder Ejecutivo chavista ha confiscado muchas atribuciones de los gobiernos regionales y locales, y cuenta con enorme injerencia política y operativa en el Congreso y el Poder Judicial.
La democracia parece ser solo una careta. Lo real e insoportable es que la división de poderes se hace cada vez más difusa en un régimen personalista y populista que conculca cotidianamente los derechos humanos de la oposición y de las minorías.
Lo último, en esta historia de excesos, ha sido la absurda iniciativa presentada al Congreso nada menos que por la fiscal general de Venezuela, para perseguir y penalizar los llamados “delitos mediáticos”, que incluye penas de cárcel para los periodistas.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado sobre este exceso, al afirmar que el proyecto viola el derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y atenta contra el secreto profesional.
Siga leyendo el editorial del diario El Comercio de Lima
En verdad, lamentablemente para los ciudadanos venezolanos y para la subregión, el régimen chavista se parece cada vez más a una dictadura. Aparte de propiciar una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida, es innegable que el Poder Ejecutivo chavista ha confiscado muchas atribuciones de los gobiernos regionales y locales, y cuenta con enorme injerencia política y operativa en el Congreso y el Poder Judicial.
La democracia parece ser solo una careta. Lo real e insoportable es que la división de poderes se hace cada vez más difusa en un régimen personalista y populista que conculca cotidianamente los derechos humanos de la oposición y de las minorías.
Lo último, en esta historia de excesos, ha sido la absurda iniciativa presentada al Congreso nada menos que por la fiscal general de Venezuela, para perseguir y penalizar los llamados “delitos mediáticos”, que incluye penas de cárcel para los periodistas.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado sobre este exceso, al afirmar que el proyecto viola el derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y atenta contra el secreto profesional.
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