Israel comienza a expulsar a los más de 600 activistas detenidos

Israel ha comenzado a expulsar esta madrugada a los activistas de la 'Flotilla de la Libertad'. Un primer grupo de 250 ha abandonado suelo israelí a primeras horas de este miércoles y el resto, en total serán más de 600, lo hará antes de 48 horas. Los primeros en emprender el regreso a sus países de origen ha sido un grupo de 120, en su mayoría argelinos e indonesios, que fueron trasladados ayer en autobús a la frontera con Jordania. Otro grupo de 60 personas, de nacionalidad turca, han sido trasladados al aeropuerto Ben Gourion de Tel Aviv y otros 70 serán trasladados directamente desde la prisión de Beersheva, donde permanecen la mayoría de los activitas arrestados, entre ellos los tres españoles, Laura Arau (que ha firmado la orden de deportación), Manuel Tapial, David Segarra.

Israel ordenó anoche resolver por la vía directa, esto es libertad inmediata, sin papeleos ni intervenciones judiciales. La presión internacional, por un lado, y el embrollo legal que suponía considerar como inmigrantes ilegales a gente que llegó a Israel a punta de pistola, por otro, han empujado a Benjamin Netanyahu a tomar esa decisión de urgencia. Ya durante toda la jornada se habían ofrecido facilidades a quienes quisieran embarcar en un vuelo. Bastaba firmar un documento de voluntariedad para conseguir un billete de salida. Ni siquiera, pese a la oposición de varios ministros, se investigaba la posible implicación de algunos de los miembros de la flotilla de activistas en los violentos enfrentamientos a bordo de Mavi Marmara . A media tarde se decidió enviar en autobús hacia Jordania a 124 activistas árabes, ciudadanos de paises sin relaciones diplomáticas con Israel, para que se les repatriara desde Ammán.

Unos 50 pasajeros de la flotilla aceptaron la deportación inmediatamente después de ser desembarcados e interrogados en el puerto de Ashdod. Los demás se negaron, para no admitir la legalidad de la detención y para expresar su protesta. Las autoridades diplomáticas y consulares de los distintos países afectados recomendaban, sin embargo, la firma, porque entendían que no suponía ningún reconocimiento de nada. Antes de que Israel anunciara la puesta en libertad de todos los detenidos, seguían siendo mayoría quienes mantenían la negativa a firmar el documento.

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