El gobierno lleva el caso a la justicia y envía proyecto al Congreso

Fueron setenta y dos minutos de discurso, utilizando una vez más de la cadena nacional de radiodifusión. En ese lapso, basándose en un informe que le entregaron ayer sus colaboradores, Cristina Kirchner desarrolló la versión oficial de lo que fue la compra de Papel Prensa en 1976, con cargos contra los dos diarios más leídos del país, Clarín y La Nación, a los que acusó de haberse aprovechado de la dictadura militar para quedarse con la que definió como “la única” fábrica de papel para diarios del país.

Ayer, en ese marco, la Presidenta anunció que su Gobierno llevará a la Justicia sus denuncias sobre Papel Prensa. Y que enviará un proyecto de ley al Congreso para declarar “de interés público” la producción de papel para diarios.

Además, apuntó a convertir el asunto en un caso de derechos humanos, al acusar a los medios que compraron Papel Prensa de haberlo hecho en el marco de “amenazas y torturas” supuestamente infringidas a la familia Graiver para que cediera las acciones. “Delitos de lesa humanidad”, según calificó luego el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

En el terreno legislativo, por otra parte, la Presidenta pretende que el Congreso apruebe un proyecto de ley para declarar “de interés público” la producción de pasta de celulosa, su distribución y comercialización. La iniciativa buscará que el Gobierno pueda establecer “un marco regulatorio de ese insumo básico”, y la creación de una comisión bicameral de seguimiento de dicha regulación.

Cristina quiere que los legisladores que la integren puedan participar como “observadores” de las reuniones de directorio de la empresa, a la que endilgó “manejos oscurantistas” y “prácticas comerciales desleales”.

Así, en el marco de su ofensiva oficial contra el Grupo Clarín, el discurso oficial buscó ampararse en una presunta imparcialidad. “Tuvimos que involucrarnos no para controlar a nadie sino para que dejen de controlar a los argentinos”, se atajó Cristina. Con esto buscó devolver la pelota frente a la denuncia que hacen los dos diarios de que el Gobierno busca “apoderarse ilegalmente de la compañía” para controlar la prensa gráfica.

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