
Foto: EFE
El 40 por ciento de las rutas se encuentran paralizadas en San Salvador y, no hay servicio en colonias ni en pueblos aledaños, tres días después de que las pandillas amenazaran a este sector. Lanzaron una amenaza pública de muerte en contra de empresarios del transporte público.
Quemas y tiroteos de autobuses, ataque con granada a un retén policial, asesinatos, transporte paralizado y comercios cerrados por miedo, cárceles en rebeldía: a más de 18 años del final de la guerra civil que la estremeció de 1980 a 1992.
Las maras Salvatrucha y 18, que son las más peligrosas pandillas de Centroamérica, lanzaron desde el lunes pasado una amenaza pública de muerte en contra de empresarios del transporte público y negocios privados para exigir que el gobierno del presidente Mauricio Funes derogue una Ley de Proscripción de Pandillas o 'antimaras' y exigieron abrir una negociación con el Ejecutivo para debatir temas como el hacinamiento carcelario.
Recuentos oficiales mostraron que un autobús fue quemado y otro tiroteado, mientras que una patrulla policial fue atacada con una granada, en un panorama de creciente temor que obligó a gran número de firmas de transporte a suspender su trabajo, por lo que cientos de miles de personas debieron recurrir a camiones militares y particular para poder movilizarse.
"El que no obedece está sentenciado a muerte", explicó el salvadoreño Catalino Miranda, empresario transportista. En un desafío a las alertas pandilleras, otras firmas optaron por sacar sus vehículos a suministrar el servicio, bajo la protección militar y policial. La iniciativa privada afirmó que la crisis ha provocado pérdidas multimillonarias, por cierre de negocios, suspensión del transporte y otros.


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