El país es una olla de presión. A los 214 conflictos irresueltos durante el régimen aprista, se suman ahora nuevas demandas que han empezado a estallar en tres regiones y que el actual gobierno no puede minimizar.
No es casual que los problemas en Cajamarca, Apurímac y Áncash se vinculen con proyectos mineros. Este rubro constituye uno de los motores de la economía y, también, es origen de una serie de protestas, en parte, porque hasta el momento no se han definido políticas claras respecto de la inversión minera, su contribución al desarrollo y la desarticulación de prácticas informales.
Esta tarea prioritaria no ha sido asumida aún por quienes lideran el Estado. Las partes involucradas –el gobierno, el sector privado y las comunidades– caminan cada una por su cuenta, a pesar de que la minería responsable puede ser beneficiosa para todos, en especial las poblaciones desprotegidas y pauperizadas. En lugar de consensos mínimos, prevalece un diálogo de sordos que además no favorece el clima de tranquilidad que el país necesita
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