La política de sanciones y retiro de áreas productivas en la que Cristina Kirchner ha encuadrado a YPF se extendió a otras petroleras. La provincia de Neuquén resolvió la caducidad del área de Covunco Norte a Azabache Energy, Fortín de Piedra a Tecpetrol y Veta Escondida al consorcio de Petrobras y Total.
La determinación del gobernador Jorge Sapag obedeció a un impulso de la Casa Rosada. De este modo, el frente de las tensiones internacionales se amplía. Ya no queda circunscripto a un conflicto con España por Repsol. Ahora el malestar alcanza a Brasil, Francia y Canadá. Chile -cuya empresa ENAP controlaba 50% de Campamento Central, en Chubut- y los Estados Unidos, donde están radicados los fondos de inversión que poseen el 17% de YPF, ya estaban fastidiados.
La presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, que pertenece a la intimidad de Dilma Rousseff, se declaró sorprendida: "Con la Argentina tenemos buenas relaciones y estábamos estudiando proyectos para permanecer en el país", declaró (ver aparte).
La concesión de Veta Escondida se había realizado en 2008 por un plazo de diez años. El argumento por el que quedó revocada fue "falta de producción e inversiones insuficientes". Petrobras venía reduciendo su exposición en la Argentina. Hace dos años vendió parte de su área de downstream al empresario Cristóbal López, muy cercano a la Presidenta. Se desconocía anoche cuál sería la reacción de la irascible Rousseff, cuyo ministro de Industria, Fernando Pimentel, no se cansa de descalificar la política económica argentina
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