España se resistió a pedir las ayudas europeas hasta el final, hasta
que vio claro que toda la zona euro estaba del lado de Alemania, del
lado de quienes pensaban que lo mejor era un rescate para prevenir
un accidente financiero. La Moncloa inició entonces una estrategia
dirigida a minimizar los daños, refrendada este domingo por el presidente Mariano Rajoy,
para evitar a toda costa llamar rescate al crédito de hasta 100.000
millones al Estado para sanear los bancos.
Y empezó a rechazar que haya
condicionalidad asociada a las ayudas más allá de la ligada a la banca.
Rajoy y su equipo niegan tres veces: rechazan que haya rescate, que
existan presiones internacionales y que haya condiciones más allá de la
banca. Esa es una maniobra "de política interna", pero las ayudas "están
estrechamente vinculadas al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, diga
lo que diga el Gobierno", dijeron este domingo fuentes comunitarias. El
portavoz de Asuntos Económicos, Amadeo Altafaj, ha confirmado esta
mañana que más deuda significa más rigor, ya que "cada euro que se
destina a una deuda que crece es un euro que no se puede destinar a
gasto productivo", lo que frena la recuperación.
En otras palabras: España tiene a partir del sábado menos libertad.
Menos soberanía con su sistema financiero, pero también menos soberanía
fiscal: la vigilancia era y seguirá siendo muy estrecha,
pero las consecuencias de incumplir los acuerdos con Bruselas serán a
partir de ahora más graves, con el cierre del grifo a los bancos. Eso a
pesar de que el rescate es la típica jugada comunitaria: permite salvar
la cara al Ejecutivo, que lleva días agarrándose a los eufemismos, pero
también a los países más duros, Alemania y sus satélites, cuyos
Gobiernos esgrimen ya esas condiciones que aún están por conocer.
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