No cabe la menor duda de que el pasado fin de semana será uno de los más recordados y analizados cuando se escriba la historia de esta terrible crisis económica y sus repercusiones -de todo tipo- en la construcción de la Unión Europea. Y lo será porque en estas últimas horas se ha jugado algo más que salvar el sistema financiero español, o al menos una gran parte de él. Lo que estaba sobre la mesa era la Unión Europea misma. El acoso de los mercados sobre España, la sombra de un resultado electoral en Grecia que los exasperase más aún y las presiones políticas -procedentes tanto desde todos los rincones de Europa como desde Estados Unidos- conformaban una auténtica bomba de relojería de potencia descomunal que era absolutamente necesario desactivar. Y se hizo, utilizando el paraguas de un rescate de hasta 100.000 millones de euros destinados a blindar la salud de la banca española. Es decir, la primera y principal lectura de la decisión adoptada el fin de semana en el seno del Eurogrupo es una firme y decidida apuesta europeísta por parte de todos. Que nadie lo dude.
No obstante, decisiones de este calado siempre conllevan otras muchísimas lecturas más. Una de ellas es que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha salido bastante bien librado de este pulso. Como él mismo recordó ayer, esta solución -junto con las reformas que lleva emprendidas desde que cogió las riendas del país- ahuyenta el fantasma de la intervención de España. El Ejecutivo de Rajoy quería evitar a toda costa un rescate explícito de la economía española. Pretendía que el rescate se limitase a la banca dañada. Y perseguía que las condiciones impuestas por los acreedores se circunscribiesen a las entidades necesitadas, por mucho que fuese el propio Estado (a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) quien pidiese la ayuda para bancos que tiene intervenidos y nacionalizados. Eso se ha logrado. Sin embargo, esta inyección de un máximo de 100.000 millones a las entidades financieras no va a salir gratis. Por varios motivos. La fórmula elegida para obtener esos fondos tendrá sus efectos en la deuda pública y, muy probablemente, en el déficit, aunque de forma menor y recuperable.
Pero donde se notará especialmente será en el sector financiero. La banca que se recapitalice con fondos europeos no tendrá sobre sus espaldas la vigilancia del Estado español, sino la de los técnicos europeos y los del Fondo Monetario Internacional (FMI), que además impondrán un drástica cura de adelgazamiento que afectará tanto al balance como a plantillas y oficinas. De hecho, las primeras hipótesis al respecto apuntan a un ajuste laboral que puede afectar a 35.000 personas y al cierre de 13.000 sucursales. El rescate tampoco saldrá gratis desde el punto de vista de los recortes. Rajoy y su ministro de Economía, Luis de Guindos, tienen razón al explicar que han driblado las condiciones en política económica. Eso es así porque ya se están aplicando con rigor y firmeza. Ahora bien, la sociedad española debe tener bien claro que pese a que las condiciones se circunscriban a la banca recapitalizada, los vigilantes de la UE no permitirán ni un despiste más con el déficit.
El Gobierno central y las comunidades autónomas van a redoblar, sin lugar a dudas, sus medidas de ajuste. Y no solo durante este ejercicio. Los Presupuestos para 2013 -que ya se cocinan en las distintas Administraciones-, están condenados a llevar el marchamo del tijeretazo. Junto a estas repercusiones de carácter económico conviven las políticas. Es ensordecedor el clamor de la ciudadanía en busca de una explicación sobre cómo se ha llegado a esta situación y sobre quién o quiénes son los culpables. Y la ciudadanía tiene razón. Es imprescindible que el Parlamento -a través de la subcomisión que ya existe o con otra fórmula-, analice lo que ha sucedido con el sistema financiero español y trace un plan para que algo similar no vuelva a suceder jamás.
Fuente. Editorial del diario CINCODIAS DE ESPAÑA
Análisis de la Actualidad Internacional puesta en Perspectiva
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Libardo Buitrago

Analista Internacional, Periodista, Diplomático, Profesor, Analista de Política Internacional, publicando desde Santiago de Chile.
Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico
Asesor estratégico de empresas y especialista en manejo de crisis.
Licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Pacífico, Diplomado en Estudios Norteamericanos del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Magister del Instituto de Ciencias Políticas de la misma universidad y MBA en Dirección General de Empresas en el Institute for Executive Development de Madrid IEDE.
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