El Gobierno promulgó ayer la reforma del Consejo de la Magistratura y, en un respuesta casi inmediata, las principales agrupaciones de jueces y de abogados del país presentaron acciones judiciales para evitar que la nueva ley se aplique.
Se sumaron a la resistencia judicial varios políticos de la oposición; dirigentes del radicalismo, el Frente Amplio Progresista (FAP), Pro, la Coalición Cívica y Unión por Todos. Sólo durante la mañana de ayer la Justicia recibió 16 planteos de inconstitucionalidad, y se espera que las presentaciones continúen durante el resto de la semana.
Durante la tarde, la Asociación brindó una conferencia de prensa. Su presidente, Luis Cabral, afirmó: "La reforma del Consejo establece la politización partidaria de todos sus miembros y el predominio de una mayoría circunstancial. No se adecua a la Constitución. Los jueces no tenemos pretensiones de gobernar, pero hemos jurado defender la Constitución". Lo acompañaban los constitucionalistas Alberto García Lema y Enrique Paixao. Uno, jurista de referencia del peronismo; el otro, ex funcionario radical. Ambos fueron constituyentes en la convención de 1994, que creó el Consejo.
De acuerdo con la nueva ley, los representantes de los jueces y los abogados en el Consejo ya no serán elegidos por sus pares, sino por toda la ciudadanía por voto popular. Según el cronograma previsto, las elecciones de consejeros se realizarán junto con las legislativas del 27 de octubre próximo, pero antes los candidatos participarán de las primarias del 11 de agosto.
Quienes se oponen a la reforma saben que necesitan una respuesta rápida de la Justicia: la fecha tope para presentar los candidatos para las primarias es el 22 de junio. Cuanto más avanzados estén los trámites, más difícil será revertir la reforma. No descartan, incluso, ir en per saltum a la Corte ante fallos adversos. Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION coincidieron en que será la Corte la que defina.
En paralelo con las presentaciones en el juzgado de Servini, por lo menos otras seis acciones ingresaron ayer en el fuero contencioso administrativo federal, que revisa la validez de los actos del Estado. Entre ellas, la de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), agrupación que reúne a unos 80 colegios de abogados de todo el país. Su demanda quedó radicada en el juzgado del juez Esteban Furnari. Además, el presidente de la FACA, Ricardo De Felipe, presentó otra acción a título personal en los tribunales de San Nicolás.
En general, los recursos de ayer atacan la ley en tanto modifica la composición y la forma de elección del Consejo. También fue cuestionado el nuevo régimen de mayorías previstas, que le dará al partido que gane las elecciones los votos necesarios para seleccionar a los candidatos a jueces y para someter a magistrados a juicio político.
Tan pronto abrieron los tribunales, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Jorge Rizzo, informó que ya había radicado sus presentaciones; una en el fuero electoral y otra en el contencioso. Esta última le tocó a la jueza María Alejandra Biotti.
Poco después, la UCR informó que también se había presentado en el juzgado de Servini. Según fuentes judiciales, entre quienes radicaron acciones en ese tribunal estuvieron también Elisa Carrió (Coalición Cívica); Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza (Unión por Todos); Hermes Binner, Margarita Stolbizer, Víctor De Gennaro, Humberto Tumini y Luis Juez (Frente Amplio Progresista), y Alberto Assef (Frente Peronista).
Servini es la única jueza con competencia electoral de la Capital y la única de primera instancia encargada de controlar los comicios a nivel nacional. En el fuero electoral hubo quienes, en forma extraoficial, ya pusieron en duda que este fuero sea competente para intervenir. Eso es lo primero que deberá definir ahora la jueza. Es posible que le envíe las causas al fiscal Jorge Di Lello, en las próximas horas, para que opine al respecto.
En cuanto al fuero contencioso, ya hubo por lo menos seis presentaciones. Entre ellas, una de la agrupación Será Justicia, que lleva las firmas de los abogados Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de cautelar "urgente". Quedó radicada en el juzgado de Liliana Heiland.
También en la justicia contencioso administrativa se presentó un grupo de camaristas de diferentes fueros con otra acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar. Esta presentación es parte de la estrategia de resistencia a la reforma de los jueces. Al igual que en el planteo electoral de la Asociación de Magistrados, patrocinan esta presentación García Lema y Paixao.
MONNER SANS, DIRECTO A LA CORTE
El abogado Ricardo Monner Sans recurrió ayer directamente a la Corte Suprema de Justicia para solicitarle que declare la inconstitucionalidad del nuevo Consejo de la Magistratura. Presentó su acción en el marco de otra causa iniciada contra la anterior ley del Consejo de la Magistratura, de 2006, cuyo expediente se encuentra en el máximo tribunal y sobre el cual "no ha habido sentencia".
"Una acordada de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación habría de poner las cosas en su sitio. Y, por cierto, con prontitud y eficacia se habría así cumplido con la directriz constitucional de afianzar la Justicia, aquello que predica el Preámbulo de la Constitución Nacional", sostuvo Monner Sans en la presentación.
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