La ley de reforma del Consejo de la Magistratura, promovida por la Casa Rosada, quedó suspendida ayer: dos jueces, uno de Mar del Plata y otro de San Nicolás,resolvieron las primeras medidas cautelares y le ordenaron al Poder Ejecutivo que frenara las elecciones de consejeros por medio del voto popular.
Así, cuatro días después de su promulgación, la reforma se volvió inaplicable porque si bien la Justicia no tomó una decisión definitiva, consideró "verosímil" el reclamo de los abogados que alegaron su inconstitucionalidad. Ahora, el Poder Ejecutivo podrá apelar la medida o ir a la Corte a través de un per saltum, camino más rápido, pero que podría enfrentarlo a una derrota temprana. "Estamos estudiando cuáles son los mejores instrumentos", dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno.
Los jueces federales Alfredo López (Mar del Plata) y Martín Alberto Martínez (San Nicolás) estructuraron sus fallos de forma similar: notificaron al Poder Ejecutivo de la demanda de inconstitucionalidad (la cuestión de fondo) y le dieron siete días para que opine; pero mientras tanto, le ordenaron suspender las elecciones de consejeros.
Además, declararon inconstitucionales varios artículos de la ley que modificó el régimen de las cautelares contra el Estado. Eso no significa que esa reforma no rija más, sino que no se aplicará para estas dos causas. Entre los artículos impugnados está el que prevé que antes de dictar una medida cautelar hay que pedirle un informe al Poder Ejecutivo. También, el que sostiene que cuando se dicta una cautelar contra el Estado y éste la apela, la medida queda suspendida. Según los jueces López y Martínez, por ende, las cautelares que dictaron ayer sólo quedarán sin efecto cuando haya otro fallo que las revoque, no por la sola apelación.
La causa de Mar del Plata fue promovida por el colegio de abogados de esa ciudad; la que recibió Martínez en San Nicolás, por el colegio nicoleño. Pero además, este juez dictó ayer otra resolución casi igual en un planteo que había realizado, a título personal, el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe.
La FACA nucleó la estrategia judicial que los abogados desplegaron por todo el país. En dos días hubo unas cien presentaciones contra la reforma del Consejo, según sus cómputos. También promovieron acciones la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país; un grupo de camaristas, ciudadanos particulares y los principales partidos opositores.
El principal fundamento de los jueces López y Martínez para hacer lugar ayer a las cautelares fue que la reforma, según un primer análisis, parece contradecir el artículo 114 de la Constitución Nacional, que dice que "el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal".
Hasta ahora, los consejeros jueces y abogados eran elegidos por sus pares. La ley que votó el Congreso, en cambio, establece que los elija la ciudadanía, mediante el voto popular, y que sólo puedan postularse dentro de las listas de los partidos políticos.
"El esquema de la ley cuestionada no solo atenta contra el equilibrio exigido constitucionalmente -sostuvo el juez de San Nicolás-, sino que también obliga al abogado matriculado, potencial miembro del Consejo, a abandonar el ámbito de su colegiación e incorporarse a un determinado partido político, con lo que también se aprecia que el mentado equilibrio entre lo político y otros estamentos no políticos queda frustrado."
Además, consideró que la "hegemonía política" también se advierte en las mayorías, menos exigentes, que la reforma requiere para seleccionar y suspender jueces.
En el mismo sentido, el juez López dijo que la nueva ley "afectaría el equilibrio y la representación" prevista por la Constitución.
Con estos argumentos, los magistrados dieron por satisfecha la "verosimilitud del derecho", uno de los requisitos para conceder una medida cautelar. Los otros dos son el "peligro en la demora" (según ellos, justificado por la cercanía de las elecciones) y la "contracautela", garantía que se exige a quien promueve la medida; en estos casos fueron "juratorias".
CAMINO A LA CORTE
Ahora, el Gobierno debe decidir la estrategia a seguir. Si apelará ante las cámaras de Mar del Plata y Rosario (alzada de San Nicolás) o presenta un per saltum . "No está definido, pero hasta ahora no era la idea forzar a la Corte a una definición ya", dijo a LA NACION un funcionario que suele participar en las estrategias judiciales del Gobierno. Relató que también se pensó la posibilidad de sostener que sólo la Justicia de la Capital Federal es competente en estos casos.
"Se usarán todos los instrumentos que la ley nos permita", dijo el diputado Carlos Kunkel. Él no interviene en las causas, pero afirma que a los jueces que pretendan "co-gobernar" e ignorar la voluntad ciudadana "no les va a terminar yendo bien".
Sea cual sea el camino, acabará en la Corte, que ya hizo saber que quiere que el tema esté resuelto lo más rápido posible. Abogados y jueces consultados por LA NACION dijeron que ellos, en caso de recibir un fallo adverso, recurrirán al per saltum .
"La reforma es de una constitucionalidad absoluta", sostuvo ayer la diputada Diana Conti. Ella dijo a LA NACION que el kirchnerismo le va a "exigir" a la Corte que haga una "interpretación integral" de las normas que se cuestionan. Su argumento es que fue gracias a una "interpretación integral y no literal" que el Congreso dejó en poder del máximo tribunal la administración de los recursos del Poder Judicial, como la Corte pretendía, pese a que el artículo 114 de la Constitución dice que es el Consejo el que debe "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto".
Los fallos de Martínez y López fueron los primeros, pero se espera que la semana próxima se multipliquen las sentencias sobre la reforma; alguna de ellas será la que trate la Corte.
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