El kirchnerismo salió ayer a coro a cuestionar el fallo de la jueza federal electoral María Servini de Cubría que declaró inconstitucional cuatro artículos clave de la reforma del Consejo de la Magistratura –entre ellos el que amplía su integración de 13 a 19 miembros – y suspendió la elección de los representantes de abogados, jueces y académicos, que en primera instancia debían pasar por las primarias del 11 de agosto.
El ministro de Justicia, Julio Alak, habló de “unper saltum para llevar el tema a la Corte” y que se presentaría entre hoy y mañana. Aunque lo cierto es que el viernes lo que vence es el plazo para apelar ante la Cámara Nacional Electoral, el tribunal superior a Servini. Para pedir el per saltum en la Corte, el Gobierno cuenta con diez días hábiles a contar desde ayer.
“Vamos a apelar en forma rápida y tiene que ser entre hoy (por ayer) y el viernes (por mañana) porque no queremos que se le cercene al ciudadano el derecho que le da la Constitución, expresó Alak, quien previamente había hablado de que el mecanismo sería el del per saltum, para saltear a la Cámara.
El senador neuquino Marcelo Fuentes, representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, fue más allá, habló de un “clima destituyente” y dijo, sin identificar a quién se refería, que “antes hacían golpes de Estado y ahora es a través de las sentencias judiciales”.
El vicepresidente Amado Boudou se expresó por la red social Twitter, como suele hacerlo la Presidenta. El dato, y la cantidad de funcionarios oficialistas, denota la existencia de una estrategia para cargar las culpas sobre el Poder Judicial. “Con esta decisión de Servini de Cubría queda claro q hay 1 corporación q defiende su propio interés x encima del interés de los argentinos”, escribió Boudou.
La embestida K fue leída como el ensayo de una estrategia para“victimizarse” y tomar a la Justicia como rival en la campaña, en caso de que se ratifique el freno a la elección de consejeros.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, sostuvo que “la Justicia debe perder su temor frente al pueblo” y defendió la aprobación de las polémicas leyes de “democratización” del Poder Judicial por parte del Congreso.
“Hay una voluntad del Poder Judicial de ser casi un gobierno de los jueces. Hay una tendencia en la Justicia que cree que tiene el poder de contralor de las acciones de los otros dos poderes del Estado”, dijo a su turno el jefe de los senadores oficialistas, Miguel Pichetto.
La diputada Diana Conti, que representó al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, defendió la reforma parada por la Justicia al afirmar que “no hay representación más legítima que aquella otorgada por el voto popular”. El ex presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados y flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, también se sumó al coro de voces oficialistas, dijo no compartir lo resuelto por Servini y aseguró: “Nosotros actuamos dentro de lo que prevé la Constitución ”.
La magistrada declaró inconstitucionales cuatro artículos de la nueva ley que reformó el Consejo de la Magistratura y que dispuso la elección popular de los representantes de los abogados, los jueces y los académicos junto con las primarias del 11 de agosto, es decir en las boletas de los candidatos a legisladores.
Para la jueza, las normas cuestionadas por Gente de Derecho, que gobierna en el Colegio Público de Abogados, y por el apoderado del Partido Demócrata, Carlos Traboulsi, “resultan violatorias del principio de división de poderes por afectar la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Magistratura”.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario