Ccerca de 17 mil páginas en 12 cajas -una para cada expediente o cuadernillo, y que debieron ser transportadas en un vehículo especialmente dispuesto- ingresó ayer a Chile el director jurídico de la Cancillería de Perú, Javier Ciurlizar, y el procurador anticorrupción de ese país, Antonio Maldonado, quienes llegaron a Santiago para formalizar la solicutud de extradición contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el pasado 6 de noviembre. Los dos funcionarios peruanos fueron recibidos por el embajador limeño en Chile, José Antonio Meier. Luego de un breve saludo en el sector vip del aeropuerto, el diplomático los llevó rápidamente a su residencia, donde estuvieron reunidos por más de cuatro horas afinando los últimos detalles antes de presentar a la Cancillería chilena la solicitud de extradición, trámite que cumpliría hoy el propio Meier. El ex mandatario se apresta a cumplir dos meses detenido en la Escuela de Gendarmería, debido a una orden de detención con miras a la extradición presentada el 7 de noviembre pasado por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo. La llegada de la comitiva desde Lima se produce cuatro días antes de que culmine el plazo legal para formalizar dicho trámite. Los documentos traídos por Ciurlizar y Maldonado incluyen la solicitud de extradición -formalizada a través de una nota diplomática- y los doce expedientes que exponen los antecedentes de cada una de las 12 causas por las que se pide el envío de Fujimori a Lima. Además, se adjuntan las supuestas pruebas contra el ex mandatario seleccionadas por la Comisión del Delito de la Procuradoría del gobierno del vecino país. Entre los casos que tienen más cantidad de folios se encuentran las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por el Grupo Colina, así como la indemnización de más de US$ 15 millones pagada a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Además, las restantes 10 causas corresponden al asesinato de un periodista; la compra de tractores y medicina china; la supuesta transferencia de fondos de inteligencia a la Casa Militar; el allanamiento de la residencia de Montesinos; las denuncias de espionaje telefónico a políticos y periodistas; el pago por una página web en que habría amenazado a sus detractores; la compra aparentemente irregular de un canal de noticias y pagos a directivos de un periódico limeño. Con todo, cuando Meier cumpla el trámite ante la Cancillería peruana, Fujimori habrá cumplido uno de los objetivos de su viaje a Chile. El ex presidente enfrentaba en Lima un total de 21 procesos, que ahora se redujeron a 12. Las nueve que no serán presentadas a Chile se eliminarán, pues el tratado de extradición entre los dos países establece que, en caso de ser enviado a Lima, el ex presidente sólo podrá ser juzgado por aquellas causas que la justicia chilena autorice.
¿Libertad?
En la extensa nota diplomática peruana que acompaña los expedientes Torre Tagle argumenta las razones para pedir la comparecencia de Fujimori ante los tribunales limeños e insta a La Moneda a condenar las violaciones a los DD.HH., el soporte de dos de las principales acusaciones contra el ex presidente. Además, se pide expresamente en la misiva que se mantenga el régimen carcelario al ex mandatario. La Cancillería chilena tendrá que remitir los documentos peruanos al ministro de la Corte Suprema, Orlando Alvarez, encargado del caso. Aunque no hay plazos exactos, se estima que el proceso puede tardar un mínimo de seis meses. El inicio del proceso tiene también otro efecto: reactiva la posibilidad de que Fujimori solicite su libertad provisional, negada en noviembre pasado por el juez Alvarez. El salir de la cárcel permitiría al ex presidente romper su forzado silencio de dos meses en un momento clave: el lunes 10 de enero vence el plazo para la inscripción de candidaturas a la presidencia en las elecciones peruanas de abril próximo. Si bien en el gobierno peruano insisten en que Fujimori está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2010 y que no puede ser candidato, admiten que les inquieta que Fujimori adquiera notoriedad pública, transformándose en un "factor político" en la campaña en curso.
¿Libertad?
En la extensa nota diplomática peruana que acompaña los expedientes Torre Tagle argumenta las razones para pedir la comparecencia de Fujimori ante los tribunales limeños e insta a La Moneda a condenar las violaciones a los DD.HH., el soporte de dos de las principales acusaciones contra el ex presidente. Además, se pide expresamente en la misiva que se mantenga el régimen carcelario al ex mandatario. La Cancillería chilena tendrá que remitir los documentos peruanos al ministro de la Corte Suprema, Orlando Alvarez, encargado del caso. Aunque no hay plazos exactos, se estima que el proceso puede tardar un mínimo de seis meses. El inicio del proceso tiene también otro efecto: reactiva la posibilidad de que Fujimori solicite su libertad provisional, negada en noviembre pasado por el juez Alvarez. El salir de la cárcel permitiría al ex presidente romper su forzado silencio de dos meses en un momento clave: el lunes 10 de enero vence el plazo para la inscripción de candidaturas a la presidencia en las elecciones peruanas de abril próximo. Si bien en el gobierno peruano insisten en que Fujimori está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2010 y que no puede ser candidato, admiten que les inquieta que Fujimori adquiera notoriedad pública, transformándose en un "factor político" en la campaña en curso.
Fuente: Diario La Tercera de Santiago.
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