CINCO CLAVES DE LA PROTESTA JUVENIL EN FRANCIA

El Contrato de Primer Empleo (CPE) pretende reducir los derechos de los trabajadores menores de 26 para intentar fomentar el empleo en este sector de la población, especialmente castigado por el paro en Francia. El Gobierno conservador de Villepin está decidido a ponerlo en marcha, pese a las crecientes protestas de los sindicatos y los estudiantes. Una polémica social que se entiende con las siguientes cinco claves:

1. El proyecto de ley permite a los empresarios despedir a los nuevos trabajadores menores de 26 años sin justificación durante los dos primeros años después de la contratación. Los empleados que permanezcan en la empresa después de esos dos primeros años cambiarán a un contrato de larga duración, que incluye restricciones mucho más severas para el despido. Los jóvenes que sean despedidos durante sus dos primeros años en la empresa recibirán un 8% del salario ganado desde que se produjo la contratación. El proyecto también obliga a las empresas a pagar un 2% adicional, que será destinado a las organizaciones encargadas de ayudar a los parados a encontrar empleo.

2. De esta forma, el CPE elimina la protección al trabajador que propician los actuales contratos de larga duración conocidos como CDI (contrato de duración indeterminada), los cuales contemplan un periodo de prueba de máximo seis meses, después del cual las empresas deben justificar detalladamente cualquier despido. Con esta modalidad los trabajadores tienen además derecho a recurrir el despido y a obtener compensaciones.

3. En contra de la práctica habitual, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, no consultó a los sindicatos antes de introducir el proyecto de ley del CPE en la Asamblea Nacional. Además recurrió a una cláusula especial en el procedimiento de la Cámara legislativa para tramitarlo sin debate parlamentario.

4. La ley todavía no ha entrado en vigor ya que el presidente de la República, Jacques Chirac, no la ha firmado y, en consecuencia, no ha sido publicada aún en el Boletín Oficial. El retraso también se ha debido a que los diputados de la oposición han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional francés para que se pronuncie sobre la legalidad del texto.

5. Si el Gobierno francés decide ahora incorporar alguna modificación al proyecto de ley, éste debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. Esta votación no impediría al Gobierno sacar adelante el proyecto puesto que cuenta con mayoría en la Cámara, pero otorgaría a la oposición una oportunidad para debatir públicamente la polémica ley. Si finalmente el Gobierno accede a dar marcha atrás con el CPE, no sería necesario retirar formalmente la ley, bastaría simplemente con dejar pasar el tiempo sin que el presidente la firme, con lo cual no sería publicada en el Boletín Oficial.