La protesta francesa

En Francia la protesta contra el contrato del primer empleo (CPE) va in crescendo y coloca en una situación cada vez más difícil a su principal impulsor: el primer ministro Dominique de Villepin, que vive sus horas más bajas de popularidad. El sábado se concentraron en las calles de 160 ciudades más de quinientas mil personas, según la policía, y un millón y medio, según los sindicatos, para expresar su desacuerdo. Pero, por encima de las cifras, lo relevante es que la movilización fue más importante que las dos anteriores. Los sindicatos y las organizaciones de estudiantes de universidad y de instituto, unidos en la protesta, no sólo son ya apoyados por la oposición de izquierdas, sino por la mayoría de la opinión pública, en concreto el 68% de los ciudadanos. Dos tercios de las 84 universidades del país, incluida la emblemática Sorbona, siguen cerradas. Los sindicatos, envalentonados, exigen la retirada pura y simple del CPE bajo la amenaza de ampliar la protesta con una huelga general. La llamada al diálogo del presidente de la República para "enriquecer" el proyecto, aprobado ya por el Parlamento, no halla eco por ahora. Para Villepin la retirada del CPE le supondría asumir una derrota que cerraría definitivamente sus aspiraciones presidenciales, y por eso intenta aguantar contra viento y marea mientras Chirac le apoye. El CPE responde al convencimiento del primer ministro de que si el mercado laboral no se liberaliza resulta imposible crear empleo, especialmente entre los jóvenes, sector en el que el paro es muy elevado. Afecta a uno de cada cuatro. En este sentido, el nuevo contrato, destinado a los menores de 26 años, contempla la posibilidad de que puedan ser despedidos sin justificación durante los primeros 24 meses, en un intento de facilitar su empleo por los empresarios, reacios a los contratos indefinidos para jóvenes sin experiencia. El dilema planteado por Villepin a la sociedad francesa, en suma, es paro o empleo más flexible. Pero un cambio del calibre que intenta con el CPE no puede hacerse sin consenso, por más difícil que parezca. El primer ministro, por tanto, se equivocó en la forma de plantearlo, al obviar la concertación previa y acelerar el trámite parlamentario, y eso le pasa la factura de una contestación general que puede acabar políticamente con él. Dicho esto, sin embargo, Francia debe asumir, tarde o temprano, que su inmovilismo, que su cultura del no constante a todos los cambios, frena gravemente el dinamismo de su economía y, con ello, el de toda Europa.