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La vigencia de los tres poderes del Estado está garantizada únicamente hasta que entre en vigencia la nueva Constitución emergente de la Asamblea Constituyente. Después, los poderes deberían ser recompuestos, según las previsiones del Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados de sectores sociales.

El primer paso para lograr ese objetivo fue la declaratoria de la Asamblea Constituyente como originaria, condición que permite a los asambleístas decidir sin limitaciones los cambios en la estructura de poderes y el momento de su aplicación, según admitieron ayer autoridades, parlamentarios, constituyentes y dirigentes sociales del oficialismo.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, ofreció una conferencia de prensa para defender el poder de los constituyentes, tanto para definir las reformas constitucionales como el momento de su aplicación. “A la Asamblea Constituyente le compete analizar el diagrama de un nuevo Estado y la forma de implementarlo cuando tengamos una nueva Constitución”, dijo.

Luego, el jefe de la bancada de Diputados del MAS, René Navarro, como el senador Antonio Peredo, defendieron la necesidad de recomponer los poderes una vez vigente el nuevo texto constitucional, lo que ocurriría el año 2008, según los plazos definidos por la Ley de convocatoria.

“Nosotros hemos planteado la refundación del país, esto tiene que suponer indudablemente una renovación de los poderes, pero la decisión deberá ser tomada en la Asamblea Constituyente”, opinó Antonio Peredo.

Navarro ratificó: “Si tenemos una nueva Constitución que emerge de un nuevo pacto social entre los actores sociales en la Asamblea Constituyente, ese nuevo pacto social tiene que reflejarse en la nueva estructuración del Estado, y si esperamos que los poderes culminen con el tiempo establecido en la Constitución, estamos postergando la transformación política del Estado y no podemos postergarla”.

De acuerdo a la norma constitucional vigente, las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo tienen una gestión de cinco años, y las del poder Judicial, de 10. Quiere decir que el presidente Evo Morales y los parlamentarios deberían concluir su mandato el año 2011, lo que sin embargo ahora no se encuentra garantizado.

Morales, en la inauguración de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto, ya se adelantó en poner su cargo a disposición de los asambleístas y sugirió a los otros poderes hacer lo mismo.

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