sábado, diciembre 23, 2006

China endurece controles sobre la tierra para enfriar el sector inmobiliario

El gobierno chino adoptará "un sistema de gestión de la tierra más duro" como parte de sus ajustes macroeconómicos para reducir el exceso de inversión en el sector, informó hoy el diario oficial "China Daily". Con las nuevas medidas, se prestará más atención al ahorro de energía, a la protección ambiental y a la conservación de la tierra, uno de los diez objetivos fijados por el Gobierno para la política económica hasta 2010.

Este año se endurecieron las medidas en la gestión del uso de la tierra para frenar una excesiva inversión en activos fijos y la frecuente expropiación ilegal de tierras a los campesinos, uno de los problemas que crea mayor descontento social en China. "Algunas ciudades han agotado ya su cuota prevista de uso de la tierra hasta 2010", informó Li Yuan, viceministro de Tierra y Recursos.

Li anunció que las cuotas de terrenos que se usen en 2007 para nueva construcción utilizando suelo agrícola no podrán exceder las de este año, que serán 266.000 hectáreas. El viceministro añadió que se destinará menos tierra para usos industriales y más para "proyectos relacionados con la vida de los ciudadanos y para asegurar los necesarios activos fijos en construcción". Con este sistema se endurecerán las penas para asegurar que los funcionarios locales cumplen estrictamente con el plan, y el Ministerio controlará de cerca las ciudades clave para evitar violaciones de la ley y expropiaciones. El gobierno invertirá también 12.500 millones de dólares procedentes del uso de la tierra para desarrollar la agricultura en el próximo año.

Los impuestos por uso de la tierra para nueva construcción ascendieron a 1.260 millones de dólares entre enero y noviembre de este año, con un incremento del 83 por ciento. Una regulación anunciada en noviembre duplicará los impuestos por recalificación de tierra para nueva construcción cuando entre en vigor el año próximo. El dinero procedente de estos impuestos, que hasta ahora se quedaba en las arcas de los gobiernos locales, se dividirá ahora en un 30 por ciento para el Gobierno central y el restante 70 por ciento para los locales.

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