El presidente de Ecuador tiene mucha prisa por controlar todos los resortes del poder. Pese a que lleva poco más de dos meses en el cargo, Rafael Correa no duda en utilizar y enfrentar a las instituciones relevantes del Estado como herramientas para sus fines. Eso no es difícil en un país desvertebrado y pobre que encadena las crisis y padece la endémica corrupción de su clase política. Los pasos que está dando Correa auguran para Ecuador el mismo rumbo incierto que arrastra desde los años noventa y han convertido al país andino en un paradigma de inestabilidad y éxodo.
Los antagonistas de esta batalla por el poder son el popular presidente y un desacreditado Congreso -elegidos ambos el año pasado- dominado por la oposición y donde Correa carece de representación. El pretexto, el referéndum que el 15 de abril debe dar vía libre a una asamblea constituyente que permita al jefe del Estado reescribir a su antojo la Constitución de 1998 y disolver la Asamblea Nacional. En la intrincada pelea se amontonan los actos ilegales por parte de jueces de alto rango, del Parlamento y de la presidencia de la República desde que el Tribunal Supremo Electoral decidiera hace dos semanas expulsar del Congreso a 57 diputados opositores que pedían la cabeza del presidente de esa corte por prescindir del Parlamento para convocar el
referéndum.
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