Crece la disputa entre Bush y el Congreso

Sin tiempo para tomar aire entre la guerra en Irak y sus varios escándalos domésticos, la Casa Blanca elevó ayer a la categoría máxima de contrapunto constitucional su enfrentamiento con el Congreso por el controvertido despido por razones políticas de ocho fiscales generales. El desafío mutuo de dos poderes del gobierno ocurrió después de que un subcomité de la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, ordenó la comparecencia forzosa de Karl Rove, el principal estratego político del presidente George W. Bush, y de otros altos funcionarios y ex funcionarios republicanos.

La oposición exige que Rove, la ex consejera presidencial Harriet Miers, y otros colaboradores de Bush declaren bajo juramento y en audiencias públicas qué participación tuvieron en el despido de esos fiscales, algunos de los cuales investigaban delitos con presuntas ramificaciones políticas. Bush rechazó la presión demócrata, a la que acusó de intentar una "expedición a ciegas" en busca de cualquier dato que alimente una controversia, y anticipó que está "absolutamente" decidido a recurrir a la Justicia para que anule esas órdenes de comparecencia, antes que aparecer en público en retirada. "La pregunta que tienen que hacerse [los demócratas] es si están más interesados en un espectáculo público que en alcanzar la verdad", afirmó el vocero presidencial, Tony Snow.

La Casa Blanca está resistiendo las fuertes presiones para que renuncie el debilitado secretario de Justicia, Alberto Gonzales, y ofrece que Rove y el resto de los citados por el Congreso declaren ante un puñado selecto de legisladores, pero a puertas cerradas, sin prestar juramento y sin que se distribuya luego una transcripción de sus declaraciones. La oferta resultó insuficiente para los demócratas, que recuperaron el control del Capitolio tras 12 años en minoría y ahora prometen controlar más y mejor a la administración Bush, en especial en su guerra en Irak, sus vínculos con el empresariado y los lobbistas y la influencia ideológica y religiosa que introdujo en áreas científicas y técnicas de la administración. "Debe haber rendición de cuentas", afirmó la legisladora Linda Sanchez, presidenta del subcomité Judicial en Derecho Comercial y Administrativo que ordenó la comparecencia forzosa y dejó en la cuerda floja a Gonzales. Redoblar la apuesta Hasta anoche, esas órdenes no habían sido efectivamente emitidas, a la espera de un acuerdo político de último momento -y desde una posición de fuerza- con la Casa Blanca. Pero los demócratas están dispuestos a subir su apuesta.

El Comité Judicial del Senado también podría aprobar hoy sus propias órdenes de comparecencia sobre las mismas figuras del gobierno. "Creo que mucho más saldrá a la luz y es nuestro deber lograrlo", acusó la senadora de la oposición Dianne Feinstein. "La Casa Blanca muestra una mentalidad de búnker: no escucharán, no cambiarán", afirmó. De acuerdo con la ley, cada presidente puede reemplazar a los 93 fiscales generales existentes en Estados Unidos. Así lo hizo Bill Clinton. Y eso es lo que debatieron Rove, Gonzales y Miers, y sus respectivos segundos, entre otros, según surge de correos electrónicos entregados por la Casa Blanca. Pero la sospecha es que la salida de los ocho fiscales respondió a otros motivos, más oscuros. Ciertas investigaciones que impulsaban esos fiscales podían arrojar vínculos ilegales entre ciertos empresarios y políticos republicanos, con posibles actos de corrupción, a lo que se sumó que, en por lo menos un caso, uno de los fiscales fue sustituido por un amigo de Rove. La Casa Blanca, a pesar de saberse a la defensiva, rechazó las condiciones demócratas. Y exigió todo lo contrario: imponer las propias. "Si emiten las comparecencias forzosas, nuestra oferta será retirada", anticipó Snow. Es decir, nadie declarará en el Congreso y Bush acudirá a la Justicia. Así, si los poderes Ejecutivo y Legislativo no ceden posiciones, será el tercer brazo del gobierno, el Poder Judicial -en última instancia, la Corte Suprema-, el que deberá terciar en la disputa institucional más aguda que vivió hasta ahora Bush como presidente.