El presidente Evo Morales volvió ayer a atacar al Poder Judicial y afirmó que cada año en esa instancia se "roban" en actos de corrupción "300 millones de dólares", según una investigación de una agencia de Estados Unidos. "Ha habido una investigación, no del Estado boliviano, sino de un organismo internacional, nada menos que de Usaid de EEUU, que demuestra que en el Poder Judicial (...) se roban 300 millones de dólares por año", dijo Morales en el departamento de Potosí. "Ese Poder Judicial está implicado en muchos actos de corrupción", dijo Morales al comentar el estudio realizado en 2005, durante la inauguración de una feria dedicada a la papa en la localidad potosina de Betanzos.
El enfrentamiento del Ejecutivo contra el Poder Judicial comenzó la semana pasada cuando Morales presentó al Congreso una demanda para iniciar un juicio de responsabilidades a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) por haber ordenado cesar en sus funciones a cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema designados por decreto supremo. Los magistrados del TC recibieron la solidaridad institucional de la Corte Suprema, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Agrario Nacional y de los prefectos opositores de cinco de los nueve departamentos del país. Morales también insistió en que existen recientes encuestas que prueban que entre un 70 y 80 por ciento de la población considera que la "institución más corrupta del Estado es el Poder Judicial". Señaló que el estudio de Usaid también asegura que anualmente hay 1.500 denuncias de corrupción contra miembros de ese Poder, pero de las que sólo son juzgadas un cinco por ciento.
Sobre la lentitud de la justicia para avanzar en su trabajo de forma global, aseguró que las cifras demuestran que cada año sólo un 30 por ciento de los casos procesados se resuelve con sentencia. Según otras cifras citadas por el Mandatario, entre 1989 y 2005, Bolivia gastó en la reforma judicial 36 millones de dólares, pero en lugar de mejorar, "empeora la justicia boliviana".
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El enfrentamiento del Ejecutivo contra el Poder Judicial comenzó la semana pasada cuando Morales presentó al Congreso una demanda para iniciar un juicio de responsabilidades a cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) por haber ordenado cesar en sus funciones a cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema designados por decreto supremo. Los magistrados del TC recibieron la solidaridad institucional de la Corte Suprema, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Agrario Nacional y de los prefectos opositores de cinco de los nueve departamentos del país. Morales también insistió en que existen recientes encuestas que prueban que entre un 70 y 80 por ciento de la población considera que la "institución más corrupta del Estado es el Poder Judicial". Señaló que el estudio de Usaid también asegura que anualmente hay 1.500 denuncias de corrupción contra miembros de ese Poder, pero de las que sólo son juzgadas un cinco por ciento.
Sobre la lentitud de la justicia para avanzar en su trabajo de forma global, aseguró que las cifras demuestran que cada año sólo un 30 por ciento de los casos procesados se resuelve con sentencia. Según otras cifras citadas por el Mandatario, entre 1989 y 2005, Bolivia gastó en la reforma judicial 36 millones de dólares, pero en lugar de mejorar, "empeora la justicia boliviana".
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