Luego de que el Congreso fracasara en aprobar una reforma migratoria impulsada por la Casa Blanca, el gobierno del presidente George W. Bush anunció ayer que endurecerá las sanciones a empresas que contraten a indocumentados, mientras que grupos pro inmigrantes adelantaron que intentarán frenar la medida.
Según se cree, las nuevas medidas complicarán la contratación de indocumentados por parte de empresas y afectará a centenares de miles de ilegales que trabajan en los sectores de servicio y agricultura. Se estima que 500.000 indocumentados han ingresado anualmente al país en los últimos años, aunque esa cifra se redujo en algunos estados por la construcción del polémico muro en la frontera con México, autorizada por Bush a fines de 2006.
"A pesar de que el Congreso no corrigió nuestro sistema de inmigración al no aprobar una reforma legislativa amplia, mi administración continuará dando todos los pasos posibles para avanzar sobre el progreso ya hecho en el fortalecimiento de nuestras fronteras, y el cumplimiento de las leyes [de contratación] en los lugares de trabajo", sostuvo Bush, en una declaración transmitida por la Casa Blanca.
La iniciativa del Ejecutivo está basada en leyes que ya existen, según explicaron en conferencia de prensa los secretarios de Seguridad Interior, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez. Amplía el programa Basic Pilot de 1997, que ahora se denomina E-Verify, mediante el cual las empresas pueden cotejar en cuestión de segundos toda la información de sus empleados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.
A partir del mes próximo, las empresas tendrán un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre cualquier discrepancia. Las empresas tendrán la obligación de despedir a empleados que presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de seguro social, y las que hagan caso omiso de las advertencias afrontarán multas iniciales de 2200 dólares y hasta cargos criminales. También se incluyen multas de 3000 dólares para los indocumentados que no salgan del país de forma voluntaria.
Continue keyendo el artículo del diario La Nación de Buenos Aires
Según se cree, las nuevas medidas complicarán la contratación de indocumentados por parte de empresas y afectará a centenares de miles de ilegales que trabajan en los sectores de servicio y agricultura. Se estima que 500.000 indocumentados han ingresado anualmente al país en los últimos años, aunque esa cifra se redujo en algunos estados por la construcción del polémico muro en la frontera con México, autorizada por Bush a fines de 2006.
"A pesar de que el Congreso no corrigió nuestro sistema de inmigración al no aprobar una reforma legislativa amplia, mi administración continuará dando todos los pasos posibles para avanzar sobre el progreso ya hecho en el fortalecimiento de nuestras fronteras, y el cumplimiento de las leyes [de contratación] en los lugares de trabajo", sostuvo Bush, en una declaración transmitida por la Casa Blanca.
La iniciativa del Ejecutivo está basada en leyes que ya existen, según explicaron en conferencia de prensa los secretarios de Seguridad Interior, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez. Amplía el programa Basic Pilot de 1997, que ahora se denomina E-Verify, mediante el cual las empresas pueden cotejar en cuestión de segundos toda la información de sus empleados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.
A partir del mes próximo, las empresas tendrán un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre cualquier discrepancia. Las empresas tendrán la obligación de despedir a empleados que presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de seguro social, y las que hagan caso omiso de las advertencias afrontarán multas iniciales de 2200 dólares y hasta cargos criminales. También se incluyen multas de 3000 dólares para los indocumentados que no salgan del país de forma voluntaria.
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