El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tiene bastante claro cómo quiere que sea su "patria nueva", como él define a la "refundación" política y económica del país andino. Si sus candidatos obtienen la mayoría de los asambleístas que serán elegidos hoy para redactar la nueva Constitución, algo bastante probable según los sondeos, propondrán un Estado descentralizado, muy presente en la economía y con un fuerte régimen presidencialista, más de lo que ya es.
"Nosotros propusimos rebajar el poder del presidente, crear una figura parecida a la de un primer ministro que sirviera de enlace con el Congreso. Creemos que si tras la Asamblea surge un Parlamento más profesional y serio, es el momento de buscar un mayor equilibrio de poderes. Desafortunadamente, el proyecto final fortalece el presidencialismo y da plena facultad del Ejecutivo para gestionar el presupuesto y para disolver el Congreso", explica Edwar Vargas, miembro de la comisión a la que Correa encargó redactar un borrador de Constitución. La comisión estaba compuesta de ocho académicos de diferentes universidades y un representante del Gobierno.
Vargas explica que el texto, de más de 300 artículos, es sólo orientativo para la Asamblea y que para redactarlo se tuvieron en cuenta casi 200.000 propuestas que los ciudadanos enviaron a la comisión, una iniciativa que puso en marcha el ex presidente Alfredo Palacio en 2005, también para retocar la ley fundamental.
"La mayoría de la gente pide tres cosas: descentralización y reordenación territorial -Quito, Guayaquil y Cuenca aventajan mucho en prosperidad al resto del país-, un Consejo de Planificación Económica capaz de diseñar políticas a largo plazo -existe pero es una mera dependencia del Ejecutivo- y un Congreso ético y profesional", cuenta.
"Con la Constitución de 1978 [año en que Ecuador recupera la democracia] y la de 1998, el presidente se ha ido fortaleciendo con el control del dinero público mientras el Congreso se ha dedicado a bloquear las propuestas y chantajear al Gobierno de turno. Para sacar adelante una ley económica, el Ejecutivo lo hacía por decreto o comprando a los legisladores. Esta forma de funcionar se hizo tan habitual que nos costará cambiar de mentalidad, pero tenemos que intentarlo", dice Juan Paz y Miño, reconocido historiador de las Constituciones ecuatorianas y cercano al presidente Correa.
No hay una propuesta concreta de qué Congreso se quiere para el nuevo Ecuador, pero al final es la sabiduría popular la que tiene la respuesta: "Lo esencial es respetar la ley y dejar de robar; si logramos sólo esto, ya tendremos una nueva patria, qué Constituyente ni qué cuentos", dice el taxista Franklin Zambrano mientras conduce por las desiertas calles de Quito en la jornada de reflexión. A su lado, Nelson, uno de los tres pasajeros del taxi, dice que lo que no quiere es que el gasto público se dispare.
Nelson tiene 24 años y estudia Económicas en la universidad. "En este momento se dan casi 4.000 millones de dólares [2.800 millones de euros] sólo en subsidios, sin contar los gastos corrientes. Eso es alrededor del 30% del presupuesto... No estoy en contra de que el Estado ayude a quien lo necesite, sólo espero que ésa no sea la única política económica del Gobierno... Y no se crea que nos salva el petróleo, nos salvan las remesas de los que emigraron".
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