CLAVES DEL CONFLICTO AGRARIO EN ARGENTINA

Los dirigentes agrarios en Argentina han intensificado sus protestas contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las protestas buscan un cambio en las políticas sectoriales del gobierno frente al campo. El gobierno argentino ha buscado aumentar los impuestos de exportación de varios productos agrícolas, situación que es tajantemente rechazada por los gremios de productores del campo.

¿Cuándo y por qué empezó la protesta del campo?

El paro del campo, que ha sido el motor de la recuperación económica de Argentina tras el colapso financiero de 2001, comenzó no bien el gobierno puso en marcha un nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de granos, el 11 de marzo de 2008. Las llamadas "retenciones móviles" establecen que los tributos a la soja, el girasol, el maíz y el trigo aumentarán si se incrementan los precios internacionales de esos granos. Esto significó que, al momento de poner en práctica la medida, los gravámenes a las ventas externas de soja -el grano más rentable y más exportado por Argentina- treparon de un 35% a alrededor del 44%, lo que desencadenó la protesta de los agricultores.

¿Por qué se aplicaron las "retenciones móviles"?

La presidenta Cristina Fernández sostiene que tomó la medida para mejorar la distribución de la riqueza en Argentina, uno de los mayores problemas socio-económicos del país. Pero los críticos han sugerido que el nuevo esquema impositivo nació para disponer de más dinero en las arcas del Estado, de modo que el gobierno pueda repartir mayor cantidad de fondos a gobernaciones e intendencias que le brindan apoyo político. Esto es algo que varios funcionarios han negado.

¿Quiénes participan en el paro?

Los principales protagonistas son los pequeños productores del interior de Argentina, quienes se quejan de que el nuevo sistema tributario reduce significativamente su ya limitada rentabilidad, además de que no reciben ayuda estatal a cambio de sus contribuciones. Detrás de estos agricultores se han colocado también los grandes terratenientes y los llamados "pooles de siembra", que desean pagar menos tributos. Los "pooles" son conglomerados financieros generalmente ajenos al campo que deciden participar en el negocio rural por la alta rentabilidad de la soja en los mercados externos. Asimismo, la protesta del campo ha aglutinado a políticos y votantes descontentos con el oficialismo debido a la falta de una oposición articulada y con peso frente al gobierno de Fernández.

¿Cuál ha sido la modalidad de la huelga?

La forma de protestar ha variado a lo largo del conflicto, pero puede resumirse en las siguientes modalidades: suspensión de la comercialización de granos y carnes al mercado interno y externo, bloqueos de carreteras, detención de camiones que transportan productos agrícolas, concentraciones a la vera de las rutas y multitudinarios actos en el interior del país.

¿Cómo ha actuado el gobierno frente a la protesta?

Ante la huelga del campo, el gobierno ha respondido con demostraciones de fuerza: actos de apoyo, reuniones partidarias y discursos ratificando el rumbo económico y dejando en claro que "un reclamo sectorial no puede perjudicar a todos". Debido a la persistencia del conflicto, la presidenta Fernández anunció un plan de ayuda para los pequeños productores, que incluía el reintegro del incremento de los tributos. Pero la concreción de esta medida ha encontrado dos obstáculos: la lentitud de la burocracia estatal para recuperar los gravámenes y el hecho de que muchos productores no están inscriptos en el registro tributario, es decir que trabajan "en negro". En este último caso son las cooperativas o los intermediarios, y no el Estado, los que suelen descontarles las "retenciones" a los agricultores cuando estos entregan sus granos para ser comercializados. Más avanzado el conflicto, Fernández decidió disminuir los topes fijados para los gravámenes a las exportaciones. Pero los líderes rurales han dicho que esta reducción no es suficiente y exigen que los tributos vuelvan al nivel de marzo.

¿Por qué se han radicalizado las posiciones?

A pesar de haber ofrecido varias medidas de alivio tributario a los productores, el gobierno se ha mantenido inflexible ante el pedido de los agricultores de que elimine el esquema de "retenciones móviles". Además, ha contribuido a politizar un conflicto que en principio era económico. La presidenta Fernández ha vinculado al campo con los golpes militares, y grupos afines al oficialismo han calificado a los agricultores de "oligarcas". A Justicia no se ha quedado afuera del enfrentamiento: las autoridades detuvieron a ocho agricultores por bloquear carreteras y luego los liberaron. Los dirigentes rurales también se han mostrado inflexibles en su reclamo y han subido el tono de su retórica. Ahora no sólo reclaman por los tributos, sino que además cuestionan toda la política agraria del gobierno, a la que han calificado de "obstáculo para el desarrollo".

¿Es posible el diálogo?

Desde que comenzó el conflicto ha habido varias treguas e intentos de acercamiento entre el campo y el gobierno, pero todos han fracasado. Empresarios, industriales, algunos políticos y la Iglesia Católica han hecho llamados para que haya negociaciones. Estos sectores, al igual que muchos argentinos que miran de lejos la discusión, sostienen que el diálogo es la única opción para evitar mayores perjuicios económicos y restablecer la paz social. Pero la inflexibilidad de las partes en sus posturas hace difícil imaginar, al menos en el corto plazo, un acuerdo que ponga fin al conflicto.

¿Qué consecuencias políticas ha tenido el paro agrario?

Muchos argentinos se sienten perjudicados por un enfrentamiento que les parece ajeno. Encuestas independientes han registrado una caída de varios puntos en popularidad de la presidenta Fernández, algo que desmienten sondeos del oficialismo. De todos modos, los analistas políticos creen que la mandataria ha perdido apoyo electoral porque el conflicto agrario involucra a zonas del interior del país que constituyeron su principal caudal de votos en las elecciones de octubre de 2007, en las que resultó vencedora. Por su parte, los representantes del campo enfrentan el hastío de la población por la inflexibilidad de su postura y la prolongación del conflicto.

¿Ha perjudicado el paro a la economía argentina?

Analistas independientes afirman que el campo ha perdido unos US$2.000 millones debido a la suspensión de la comercialización de sus productos. Como consecuencia, se ha quebrado la cadena de pagos en las economías regionales y la recaudación del Estado en concepto de impuestos a las exportaciones ha caído. Las agro-industrias han reducido su actividad por la falta de insumos y las empresas de transporte han registrado pérdidas por la detención de sus camiones.
En el mercado interno ha habido escasez de alimentos de la canasta básica y, en medio de la incertidumbre por la imposibilidad de solucionar el conflicto, ha caído el consumo de los argentinos. Otro de las consecuencias del paro ha sido el aumento del índice de inflación. Sin embargo, lo que más inquieta a los especialistas es que el prolongado conflicto agrario contribuya a desacelerar el robusto crecimiento económico del país, que ha sido de alrededor del 8% anual.

¿Cuáles son las repercusiones internacionales de la huelga?

Argentina es el tercer productor mundial de soja. El conflicto agrario empuja hacia arriba precios internacionales de los granos y de los alimentos, en general. Como parte de las cosechas están retenidas por el paro, el país está en riesgo de perder mercados externos, que pueden llegar a verlo como un proveedor "poco confiable".

Fuente: BBC Mundo