Decanos y docentes de las principales facultades de derecho del vecino país advierten que los 26 decretos-ley aprobados el 31 de julio aumentan el intervencionismo del Estado en la economía. Con el paso de los días se acrecienta el descontento y las voces de protesta entre los venezolanos a raíz del paquete aprobado por el mandatario, el último día de vigencia de sus poderes para legislar en el marco de la Ley Habilitante. Lo que en principio se consideró un atropello -el primero de agosto el Ejecutivo solo publicó el título de las nuevas leyes, no su contenido- evolucionó esta semana en la denuncia formal de sectores políticos y académicos que aseguran que el presidente Chávez impuso, por vía de ley, la reforma constitucional que los votantes rechazaron el 2 de diciembre del 2007.
Estos sectores también alegan la inconstitucionalidad de los decretos, puesto que ninguno de ellos fue abierto a consulta con la sociedad, tal como establece la ley. "Lamentamos que la aprobación de una ley habilitante (...) haya desembocado finalmente en la promulgación inconsulta y, por tanto, contraria al derecho de participación ciudadana, de numerosos decretos-leyes referidos a los ámbitos más diversos de la vida nacional, lo cual se agrava por la extemporaneidad de los últimos decretos", expone el primer punto de un comunicado firmado por los decanos y docentes de las facultades de Derecho de algunas de las principales universidades del país.
Un poco más adelante, en ese mismo documento, los docentes advierten que "una primera lectura de estos decretos revela que es necesario prestar atención al intervencionismo exacerbado del Estado en la economía, al quebrantamiento del principio constitucional de descentralización, a la alteración del diseño constitucional de la Fuerza Armada Nacional y a las graves amenazas a algunos derechos fundamentales". El contenido de los 26 decretos-ley (que algunos medios locales han llamado 'el paquetazo') comenzó a hacerse público a partir del 4 de agosto mediante gacetas "extraordinarias" que tienen fecha del 31 de julio. Desde ese día, juristas y periodistas analizan las nuevas leyes y han identificado en ellos la puesta en vigencia de disposiciones que fueron rechazadas en el referendo constitucional. Una de ellas es la nueva ley de la Fuerza Armada Bolivariana, que incluye la figura de la Milicia Nacional Bolivariana, una especie de cuerpo civil paralelo a los militares que estaría bajo el mando directo del Presidente.
Otro nuevo decreto, la Ley de la Administración Pública, le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de definir nuevas divisiones territoriales, le da al Presidente la potestad de nombrar vicepresidentes regionales a su antojo y le dio rango legal a las famosas 'misiones sociales' del Gobierno. Todas estas disposiciones fueron propuestas -y rechazadas- en el proyecto de cambio constitucional.
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Estos sectores también alegan la inconstitucionalidad de los decretos, puesto que ninguno de ellos fue abierto a consulta con la sociedad, tal como establece la ley. "Lamentamos que la aprobación de una ley habilitante (...) haya desembocado finalmente en la promulgación inconsulta y, por tanto, contraria al derecho de participación ciudadana, de numerosos decretos-leyes referidos a los ámbitos más diversos de la vida nacional, lo cual se agrava por la extemporaneidad de los últimos decretos", expone el primer punto de un comunicado firmado por los decanos y docentes de las facultades de Derecho de algunas de las principales universidades del país.
Un poco más adelante, en ese mismo documento, los docentes advierten que "una primera lectura de estos decretos revela que es necesario prestar atención al intervencionismo exacerbado del Estado en la economía, al quebrantamiento del principio constitucional de descentralización, a la alteración del diseño constitucional de la Fuerza Armada Nacional y a las graves amenazas a algunos derechos fundamentales". El contenido de los 26 decretos-ley (que algunos medios locales han llamado 'el paquetazo') comenzó a hacerse público a partir del 4 de agosto mediante gacetas "extraordinarias" que tienen fecha del 31 de julio. Desde ese día, juristas y periodistas analizan las nuevas leyes y han identificado en ellos la puesta en vigencia de disposiciones que fueron rechazadas en el referendo constitucional. Una de ellas es la nueva ley de la Fuerza Armada Bolivariana, que incluye la figura de la Milicia Nacional Bolivariana, una especie de cuerpo civil paralelo a los militares que estaría bajo el mando directo del Presidente.
Otro nuevo decreto, la Ley de la Administración Pública, le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de definir nuevas divisiones territoriales, le da al Presidente la potestad de nombrar vicepresidentes regionales a su antojo y le dio rango legal a las famosas 'misiones sociales' del Gobierno. Todas estas disposiciones fueron propuestas -y rechazadas- en el proyecto de cambio constitucional.
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