Las dudas respecto de la imparcialidad y transparencia en la investigación del MP sobre la denuncia del abogado Rodrigo Rosenberg, que abarca al presidente Álvaro Colom; su esposa, Sandra Torres, y su secretario privado, se apoderaron de sectores representativos del país.
Casi al unísono, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que atendió la solicitud de llevar el caso con la “única petición de que se garantice una investigación que no esté sometida a presiones ni a recomendaciones de clase alguna”.
A más de 24 horas de haberse difundido el contenido del video que el abogado Rosenberg grabó antes de su asesinato, el domingo último, el país sigue conmocionado y envuelto en demandas de justicia.
Rosenberg acusó al mandatario, a su esposa, al secretario Gustavo Alejos, al financista de la campaña de Colom, Gregorio Valdez, de su asesinato y el del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie, en abril recién pasado. También señaló a directivos de Banrural, a los que acusó de haber convertido ese banco en una cueva de ladrones, narcos y asesinos. En cuanto a Torres, afirmó que sus programas “inexistentes” se han beneficiado del desvío de fondos de Banrural y que esa entidad financia a empresas de papel utilizadas por el narcotráfico.
La premio Nobel Rigoberta Menchú, en una carta enviada al Ejecutivo, pidió al presidente que dé muestras concretas y ejemplares de que no se interferirán ni se obstaculizarán las investigaciones, y pidió “suspender del cargo al secretario privado de la Presidencia, y de cualquier función pública, a la primera dama”.
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Casi al unísono, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que atendió la solicitud de llevar el caso con la “única petición de que se garantice una investigación que no esté sometida a presiones ni a recomendaciones de clase alguna”.
A más de 24 horas de haberse difundido el contenido del video que el abogado Rosenberg grabó antes de su asesinato, el domingo último, el país sigue conmocionado y envuelto en demandas de justicia.
Rosenberg acusó al mandatario, a su esposa, al secretario Gustavo Alejos, al financista de la campaña de Colom, Gregorio Valdez, de su asesinato y el del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie, en abril recién pasado. También señaló a directivos de Banrural, a los que acusó de haber convertido ese banco en una cueva de ladrones, narcos y asesinos. En cuanto a Torres, afirmó que sus programas “inexistentes” se han beneficiado del desvío de fondos de Banrural y que esa entidad financia a empresas de papel utilizadas por el narcotráfico.
La premio Nobel Rigoberta Menchú, en una carta enviada al Ejecutivo, pidió al presidente que dé muestras concretas y ejemplares de que no se interferirán ni se obstaculizarán las investigaciones, y pidió “suspender del cargo al secretario privado de la Presidencia, y de cualquier función pública, a la primera dama”.
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