El internacionalista Gerardo Arellano advierte que Venezuela puede hacer que la ONU fije posición en su contra si se comprueba que guerrilleros colombianos han utilizado bancos en territorio nacional para hacer transacciones financieras. Recordó que la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, emitida en noviembre de 2001 debido a atentados terroristas contra intereses estadounidenses, define claramente los límites y actuaciones de los gobiernos contra terroristas.
El artículo 1, numeral "d" de la Resolución 1373 ordena a los Estados miembros que prohíban a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros a disposición de personas que cometan o faciliten la comisión de actos terroristas.
Arellano trajo a colación el documento a propósito del testimonio que ofreció recientemente el vicario de Machiques, Ramiro Díaz, que refirió que conoce testimonios según los cuales en una ocasión un jefe guerrillero hizo transacciones financieras en un banco en esa población fronteriza del estado Zulia.
Gobierno preocupado
El internacionalista advierte que las acciones del Gobierno en la crisis con Colombia -desde la ruptura de relaciones, pasando por acusaciones de un supuesto complot magnicida y de ataque militar contra Venezuela, hasta la solicitud de un plan de paz para el país vecino- revelarían el desasosiego del Ejecutivo ante la inocultable realidad.
"Detrás de eso puede haber una preocupación del Gobierno sobre las normativas de Naciones Unidas contra el terrorismo contenidas en la Resolución 1373 de 2001, en la que se tipifica claramente la actitud de aquellos países que apoyan el terrorismo", dijo.
El embajador Savio Garavini coincide con ese planteamiento: "Una semana después de romper relaciones, el presidente Chávez afirmó que mandó un contingente a verificar las coordenadas; este fin de semana, el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, tuvo que decir que el Gobierno repelerá cualquier acción de grupos irregulares. Todo ello lo que busca es salirle al paso a un posible pronunciamiento de la ONU porque una acusación enmarcada en la 1373 le pegaría muy duro al Gobierno".
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