jueves, junio 06, 2013

EE UU recopila en secreto registros telefónicos de millones de personas

La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos ha recopilado en secreto registros telefónicos de millones de clientes de la compañía telefónica Verizon Communications bajo la autorización de una orden judicial secreta, según publica la página web del diario británicoThe Guardian. La orden, calificada de "top secret" y emitida por el Tribunal de Inteligencia y Vigilancia Exterior, requiera a Verizon entregar datos electrónicos, incluidos registros de llamadas, de forma continua y todos los días hasta que la misma expire el próximo 19 de julio.
Firmada por el juez Roger Vinson, a petición del FBI, la orden abarca los números de teléfono marcados por los clientes, la ubicación las llamadas, su duración y frecuencia, pero no el contenido de las comunicaciones.
Esta revelación llega mientras el Gobierno de Obama se encuentra bajo la lupa por otros asuntos que afectan a la privacidad y a la primera enmienda. En particular, ha sido criticado por espiar las comunicaciones de los periodistas de la agencia AP y los correos electrónicos de un reportero televisivo de la Fox.
Las fuentes de la Casa Blanca y de la NSA consultadas declinaron cualquier comentario. El portavoz de Verizon, Ed McFadden tampoco ha hecho comentarios, ni la principal rival de la compañía, AT&T, al ser preguntada si el Gobierno le había hecho una petición similar.
"Esa no es la sociedad que queremos para los Estados Unidos", dijo Kurt Opsahl, abogado de la fundación Electronic Frontier, que ha demandado a la NSA por su vigilancia en el interior del país. "No es la sociedad que establecimos en la Constitución y no es la sociedad que deberíamos tener".
La orden obliga expresamente a Verizon a entregar los datos tanto de las llamadas internacionales, como de las estrictamente domésticas, y prohíbe que se haga pública que la propia orden existe. Se extiende tanto a los números móviles como fijos, aunque no expresamente a las líneas de empresas.
La orden es la primera prueba concreta de que la inteligencia de EE UU lleva a cabo una amplia campaña de vigilancia doméstica que comenzó durante la presidencia de George W. Bush y que causó gran controversia cuando fue expuesta por primera vez. Esta orden judicial corresponde a la sección 215 de la polémica Ley Patriótica (Patriot Act) dictada a partir de los atentados del 11-S. Esa normativa se renueva cada 90 días.
En 2005, The New York Times informó de que la NSA estaba espiando practicando escuchas en llamadas internacionales sin orden judicial. Más tarde, Los Ángeles Times y USA Today contaron que la agencia también tenía acceso sin control a los registros de las llamadas nacionales. Además, Mark Klein, extécnico de AT&T dijo que en el centro de San Francisco había una sala a la que solo podía acceder la NSA donde se recibían copias perfectas de todas las transmisiones.
Se siguen presentando demandas de privacidad contra el Gobierno, aunque las demandas contra las compañías telefónicas se desestimaron después de que el Congreso aprobara en 2005 una ley que inmunizaba a las empresas que cumplieran órdenes de la administración. Esa ley amplió el margen de maniobra del Gobierno para buscar información, aunque los métodos deben ser aprobados por un tribunal especial encargado de asuntos de inteligencia exterior.
Verizon es la segunda mayor compañía telefónica de EE UU en ingresos, por detrás de AT&T. La gran mayoría de las operaciones de Verizon fuera del país provienen de la adquisición de MCI Comunicaciones, que también está cubierta por la orden judicial, aunque están exentas las llamadas entre países extranjeros.
Opsahl dijo que era poco probable que Verizon sea la única compañía objeto de dicha orden y que a las otras grandes empresas probablemente se les habrían hecho requerimientos similares.
No está claro qué hacen la NSA y el FBI con el registro de llamadas. Si las prácticas del pasado han continuado Opsahl cree probable estas que se escruten mediante un sofisticado software para tratar de averiguar las conexiones entre las personas que las agencias consideran sospechosos de terrorismo y sus cómplices.

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