BOLIVIA: Presidente Mesa endurece discurso

El presidente Carlos Mesa dio un giro en su manera de gobernar. Tras su ratificación en el Congreso y con el pacto político que logró con los partidos —excepto el MAS—, el Mandatario pidió el procesamiento de los ciudadanos que bloqueen rutas. Luego de hacer un análisis con su equipo, comunicó su decisión en una rueda de prensa con periodistas de medios extranjeros.

El viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, emitió la resolución administrativa No 8 en la que solicita al fiscal general de la República, Pedro Gareca, "la emisión de instrucciones generales a todos los fiscales de distrito del país para la promoción de acciones de amparo y/o penales, en los casos que corresponda, contra las personas que participen de bloqueos en las vías de tránsito público, violando derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución".

La decisión provocó las observaciones del Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien considera que "es muy riesgoso criminalizar la protesta social". La misma posición tiene el presidente de Derechos Humanos, Sacha Llorenti. El Defensor, la Iglesia Católica y Derechos Humanos propician un acuerdo social para ir más allá del pacto político. Albarracín dice que la solución no es penalizar las protestas sociales, sino llegar a acuerdos, aunque reconoce que es posible que siga la confrontación, puesto que los opositores de Mesa se unieron, a lo que se suma la resolución antibloqueos.

En esa línea, el Mandatario anunció que se pedirá "la apertura de investigación, juicio y eventual detención de quienes están cometiendo actos sediciosos, delitos y vulnerando los derechos ajenos al interrumpir el libre tráfico en el país". "Vamos a trabajar con la justicia para que las personas que llevan adelante estas acciones sean juzgadas y eventualmente llevadas a la cárcel por romper la norma constitucional", agregó, aunque precisó que no se alejará de la línea del diálogo.
De hecho, no habló del uso de la fuerza en caso de bloqueos, sino de un pedido a la Fiscalía para que aplique la ley. Aunque, la Policía se puso a las órdenes de la Fiscalía para las aprehensiones.