British Gas advierte a Bolivia iniciar demandas judiciales

El consorcio británico British Gas (BG) advirtió con demandar judicialmente al Estado boliviano si es que se producen alteraciones a los contratos de riesgo compartido, según estima el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres. Según la autoridad, la compañía petrolera le envió dos misivas donde le hace conocer su preocupación por el rumbo que ha tomado la Ley de Hidrocarburos y porque se estaría afectando los contratos suscritos con el Estado boliviano. "Me ha mandado dos cartas British Gas diciendo que las cosas que se están haciendo (en Bolivia) las toman en cuenta para los procesos legales que van a iniciar", afirmó Torres.

Además dijo que, no sólo la petrolera británica ha anunciado los arbitrajes, sino "nos han adelantado algunas empresas", quien precisó que: "Nos han mandado cartas".

Actualmente, el Estado boliviano tiene suscritos 70 contratos de riesgo compartido con igual número de consorcios petroleros, entre los que destacan Total-Fina-Elf (Francia), Petrobras (Brasil), Exxon Mobil (Estados Unidos), Repsol-YPF (hispano-argentina) y Pluspetrol (Argentina), entre otros. De acuerdo con las explicaciones en fuentes cercanas a las operadoras, entre los asuntos que llevarían a un proceso legal están la "migración obligatoria" a una nueva modalidad de contrato, porque eso significa una ruptura unilateral por parte de Bolivia, y la condición confiscatoria con el 50 por ciento de participación fiscal, entre otras.

La aprobación del artículo 53 del régimen fiscal para la actividad del upstream petrolero sería un argumento más para que las compañías recurran al arbitraje que está reconocido y estipulado en los contratos de riesgo compartido. El titular de Hidrocarburos aseguró que "esta ley es cualquier cosa y es una ley que está peor que la 1689", que está en vigencia desde el 30 de abril de 1996. Torres aseguró que la aprobación de la Ley de Hidrocarburos por parte de la Cámara de Diputados, que determinó el 18 por ciento de regalías y 32 por ciento de impuestos sin deducciones o acreditaciones, es un "suicidio económico" para el país.

La ayuda internacional está en riesgo

CRISIS • El país depende de la cooperación para el pago de salarios.La cooperación internacional (multilateral y bilateral) está a punto de suspender la ayuda al país debido al carácter confiscatorio de la nueva Ley de Hidrocarburos, revelaron ayer fuentes del Poder Ejecutivo.
Según una de las fuentes, si los organismos multilaterales (FMI, BID, CAF y Banco Mundial) y bilaterales (países amigos y agencias de cooperación) deciden congelar la ayuda al país, las finanzas públicas pueden colapsar. En esa línea, el ministro de Hacienda, Carlos Jemio Mollinedo, declaró que los organismos internacionales de financiamiento están preocupados por el rumbo que está tomando la nueva Ley de Hidrocarburos. La autoridad destacó que en ausencia de "una buena ley" es muy posible que se suspenda la ayuda internacional destinada a cerrar la brecha del déficit fiscal, calculada en 450 millones de dólares, con un equivalente del 5,2 por ciento del PIB boliviano.
Jemio remarcó que en función a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país cuenta con los recursos necesarios para pagar los salarios de la administración pública.