El gobierno ecuatoriano, las empresas petroleras, y los responsables de las protestas que paralizaron la extracción de crudo en dos provincias del país andino alcanzaron un acuerdo que implica el fin de la huelga general iniciada el 14 de agosto pasado. Las compañías petroleras se comprometieron con las autoridades de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos a contratar más trabajadores locales e invertir en infraestructura, salud y educación. Pero el acuerdo no incluye una de las condiciones más exigidas por los dirigentes de la huelga: el compromiso por parte del gobierno y los empresarios de no emprender acciones legales contra los organizadores y participantes de la protesta. Durante el paro, varios trabajadores fueron acusados de actos violentos contra las instalaciones petroleras.
El gobierno nacional, por su parte, aseguró que terminará con el estado de emergencia declarado en ambas provincias, que ya fue levantado horas atrás por el Parlamento. Cronología de la crisis. El 14 de agosto pasado, cientos de manifestantes -entre los que se encuentran autoridades locales de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos- ocuparon las instalaciones locales de Petroecuador y los aeropuertos de la zona exigiendo recursos para obras viales y planes de empleo, así como infraestructura prometida por el gobierno central. Tres días después, el presidente Alfredo Palacio decretó el estado de emergencia en ambas provincias, lo que implicó que toda esa región quedara bajo control militar. Debido a que la producción de crudo llegó a niveles mínimos, el mandatario ordenó el 18 de agosto la suspensión de las exportaciones para garantizar el suministro interno. El domingo 21 de agosto comenzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo.
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