Herida abierta en Asia

Un año después del gran maremoto, los resultados del mayor esfuerzo colectivo de socorro de que se tenga noticia son notables en muchos aspectos. El tsunami de diciembre de 2004 mató estadísticamente a más de 230.000 personas (la cifra real no se conocerá nunca) en las orillas del océano Índico y dejó sin casa y sin medios de vida a casi dos millones. Pero pocos en los 12 países afectados, una vez iniciada la operación humanitaria global, murieron de hambre o enfermedades asociadas con la ola provocada por aquel terremoto submarino de ocho minutos y magnitud 9,1 en las costas occidentales de Sumatra. Y más de la mitad de los que lo perdieron todo tienen hoy, según estimaciones concordantes, algún tipo de trabajo. En algunos terrenos, sin embargo, los resultados dejan mucho que desear. Si funcionó el socorro inmediato a las víctimas, el proceso de reconstrucción se mueve a ritmo lento, sobre todo en países tan castigados como Indonesia o Sri Lanka. Los datos más realistas estiman que sólo un 20% de los casi dos millones de desplazados tendrá algún tipo de nueva vivienda a comienzos de 2006. Se comprometieron casi 14.000 millones de dólares, pero una cosa es recaudar el dinero y otra desembolsarlo. Sri Lanka, por ejemplo, ha recibido la mitad de los 2.000 millones prometidos, y lo gastado no llega a 150 millones. Algo similar sucede en Indonesia. Esta lentitud se debe en parte a la inaudita escala de la devastación (miles de kilómetros de carreteras destruidos, puertos engullidos, casi 400.000 viviendas reducidas a escombros), pero también, y fundamentalmente, a la confusión, interferencia o abierta ineptitud de las burocracias, a veces multiplicadas o paralelas, encargadas de planear y ejecutar la rehabilitación. Como casi siempre en tragedias de esta desmesura, hay indicios muy serios de corrupción, destinos y usos inapropiados de una parte de la ingente ayuda monetaria. Si una de las lecciones de aquel desastre es la necesidad, siempre pendiente, de establecer mecanismos de control económicos más adecuados, otra, frustrada por el momento, es la de prevenir hecatombes similares. Transcurrido un año, los países asiáticos más azotados no parecen estar mejor preparados que en 2004 para afrontar otro desastre similar. Los esfuerzos para construir un sistema único regional de alerta temprana de maremotos, coordinado por la ONU, están empantanados. Una de las razones fundamentales, además del dinero, son las disputas entre Gobiernos sobre qué país debería albergar el centro de operaciones. Indonesia, Malaisia o Tailandia han instalado sistemas provisionales, pero son tan rudimentarios, además de incomunicables entre ellos, que los expertos consideran que servirían de poco llegado el caso.